(3 de julio, 2014).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó al Gobierno del Estado de Guerrero por dictar el auto de formal prisión al líder comunitario, Marco Antonio Suástegui Muñoz, pues consideraron que se trata de una acción política que mezcla la imposición del proyecto de la hidroeléctrica La Parota, el cual fue cancelado desde el foxismo luego de que el activista y un grupo de comunitarios en los Bienes Comunales de Cacahuatepec en el Acapulco rural.
“Esta nueva resolución forma parte de un complejo entramado jurídico urdido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la cual, en menos de 20 días, ha armado al menos cinco averiguaciones previas y las ha consignado en menos de una semana. (…) Lo anterior, lejos de demostrar la capacidad del Gobierno del Estado de impartir justicia ‘pronta, imparcial y eficaz’, demuestra su estrategia de criminalización de los luchadores sociales”, apuntó el Centro en un comunicado.
