De acuerdo con la investigación publicada por Milenio, las dependencias del gobierno federal que participaron en la Cruzada Nacional contra el Hambre no han podido aclarar el uso de mil 633 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que de 2013 a 206 las dependencias involucradas en la estrategia no han aclarado o devuelto recursos que debieron utilizar en el programa.
De ese monto, existen 917 millones de pesos por los que ya han presentado 13 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) presentaron irregularidades en el uso del dinero de la Cruzada contra el Hambre.
Hasta la fecha no se ha podido detallar el uso de 845.5 millones de pesos, que corresponden a la auditaría forense 269, recursos asignados en la cuenta pública del 2013. Este dinero estaba destinado a crear redes nutricionales realizar una feria de organizaciones sociales y ventanillas de atención a adultos mayores.
Como resultado de esa auditoría, en 2015 se presentaron cinco denuncias penales donde se señala a Sedesol, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Morelos. Ello debido a que la dependencia a cargo de Rosario Robles, utilizó a instituciones de educación superior en un esquema de triangulación de recursos a través de las universidades públicas para burlar las licitaciones.
“La historia detrás de estos millonarios recursos se remonta al 1 de marzo y 15 de abril de 2013, cuando la dependencia federal suscribió contratos con la Universidad Autónoma del Estado de México para eliminar el hambre mediante la mejora de la alimentación y nutrición de personas de escasos recursos ” señala la investigación
Los auditores detectaron algunos actos de corrupción como servicios que no se proporcionaron, giros a empresas ajenas a servicios requeridos, sobre precios, empresas con los mismos domicilios fiscales, empresas fantasmas y documentos alterados para justificar bienes.
De igual manera detectaron conflictos de interés, como el caso en que Hugo Manuel del Pozzo era el apoderado legal de una de las empresas subcontratadas, Servicios Profesionales Antal SA de CV, y a la vez Director de Recursos Financieros y Apoderado Legal de la universidad.
Del Pozzo fue inhabilitado para laborar en la UAEM y en septiembre del 2017 fue detenido por presunto desvío de recursos de 16 millones. Sin embargo, la detención no tuvo relación con los contratos de la Cruzada, sino por el incumplimiento de un contrato con el gobierno de Oaxaca.
Al seguir el dinero relacionado con la Cruzada, la auditoría encontró que tanto la Universidad Autónoma del Estado de México como la de Morelos, subcontrataron los servicios a 12 empresas sin hacer licitaciones. Y al final el flujo de dinero recayó en la empresa Esger Servicios y Construcciones SA de CV. Ante esta situación la UAEM tuvo una comisión de 73 millones 489 mil 73 pesos, mientras que la UAMOR se quedó con 34 millones 887 mil 970 pesos.
Por otra parte, una de las propuestas de la Cruzada era mejorar la economía de los pobres por medio de la Sagarpa, encargada de impulsar a pequeños productores ubicados en zonas altas y de gran marginación. El entonces titutlar de Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez emitió un acuerdo donde aprobó el “Proyecto Estratégico Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores de Maíz de hasta tres hectáreas”.
Desde 2013 a la fecha Sagarpa no ha podido transparentar el uso de 59 millones de pesos. La ASF presentó el 18 de agosto del 2018 una denuncia de hechos resultado de la auditoría 302, de la cuenta pública 2013, ya que los auditores detectaron que se entregaron apoyos a 362 productores quienes habían fallecido hasta dos años antes a la fecha de la solicitud del apoyo.
Por esta situación, los auditores consideraron que hubo opacidad en el proceso de entrega de apoyos, además de detectar compras con sobrepecios, es decir en términos generales Sagarpa no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.
Con información de Milenio, Data Cívica y La Silla Rota.
CCCA
