La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que José Ángel Gurría, exsecretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Ernesto Zedillo, forma parte del grupo de exfuncionarios que aún reciben pensiones millonarias provenientes de organismos públicos y paraestatales, y que el monto de esos pagos cambiaría si avanza la iniciativa de reforma constitucional en la materia.
Durante su conferencia mañanera en Irapuato, Guanajuato, Sheinbaum fue cuestionada sobre los nombres de quienes todavía cobran estas pensiones, y confirmó el caso del exfuncionario.
“Ya que salió público lo podemos decir”: la cifra y el origen
Sheinbaum detalló que Gurría recibe una pensión como exfuncionario de Nafinsa, e insistió en que se trata de pagos que ya no se sostienen frente a los criterios actuales de servicio público.
“En efecto, Gurría está entre las personas, él recibe una pensión de 120 mil pesos mensuales como exfuncionario de Nafinsa. Y, ya que salió público lo podemos decir […], estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y de todas maneras tienen pensiones que ya no se justifican”, detalló.
La mandataria colocó el tema como parte de un debate de fondo: qué se considera justificable cuando se trata de recursos públicos destinados a retiros de alto nivel.
La reforma: un “tope” ligado al salario presidencial
Sheinbaum explicó que la iniciativa presentada a inicios de esta semana busca que dichas pensiones disminuyan y queden, al menos, en un rango que se considere compatible con el marco de austeridad y responsabilidad presupuestal del Estado.
Según lo dicho por la Presidenta, el objetivo es que esas pensiones bajen a por lo menos la mitad de lo que gana la Presidenta, ajustando los montos que hoy reciben exfuncionarios de organismos públicos y paraestatales.
En ese contexto, el caso de Gurría fue puesto como ejemplo de los perfiles que quedarían bajo revisión si el cambio constitucional se aprueba.
Otros casos mencionados: Casar y un expediente en la FGR
En la misma conferencia, Sheinbaum señaló que otro caso considerado en el debate público es el de María Amparo Casar, excoordinadora de asesores durante el gobierno de Vicente Fox, quien, dijo, recibe una pensión de Pemex desde hace décadas.
La mandataria agregó que, de acuerdo con lo expuesto, el pago se vinculó con un “accidente laboral” que terminó con la vida del esposo de Casar, aunque, según lo mencionado, existen peritajes que lo clasificaron como suicidio. Sheinbaum puntualizó que ese caso está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Con nombres y cifras sobre la mesa, el tema entra de lleno al terreno legislativo: qué pensiones se mantienen, cuáles se recortan y bajo qué reglas se redefine el retiro de exfuncionarios que cobraron del sector público y paraestatal.
