(05 de junio, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Han transcurrido diez largos años desde que pasó la tragedia de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009. Los familiares de los menores fallecidos siguen esperando justicia porque ninguna instancia del Estado mexicano ha podido resolver el caso con apego a derecho.
A lo largo de esta década han estado en el poder tres administraciones federales de diferentes colores partidistas, PAN, PRI y Morena, así como tres estatales, una del PAN y dos del PRI, y, pese a ello, no hay ningún personaje recluido en algún centro penitenciario del país por lo sucedido.
El tema de la procuración de justicia en el caso de la Guardería ABC no fue una prioridad para los gobiernos del panista Felipe Calderón, a quien le tocó en su sexenio lo sucedido, así como tampoco para la administración del priísta Enrique Peña Nieto. Pero tampoco para el Poder Judicial, ya que esa instancia es la única que pude finiquitar el tema, no obstante a una década de lo sucedido no hay claridad de lo que pueda ocurrir con las sentencias finales.
Pese a que el 13 de mayo de 2016 se dio una sentencia en la que un juez federal determinó la culpa de 19 personas, penas que oscilan entre un año y hasta 28 años de prisión, no hay nadie en la cárcel todavía, poniendo en entredicho la idea de que la justicia de be ser rápida y expedita.
Miguel Nava, abogado defensor de algunos de los familiares afectados el 5 de junio de 2009, plantea en exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO, días antes del aniversario de la tragedia, que hay una impunidad total en el caso, ya que no se ha resuelto absolutamente nada.
“Son culpables varias personas, de los dueños de la Guardería ABC dos de cuatro, de las autoridades federales distintos miembros del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el entonces delegado en Sonora, gente encargadas de guarderías, funcionarios públicos del estado de Sonora y servidores públicos del municipio de Hermosillo”.
Nava sostiene que el 9 de junio de 2017 un Tribunal Unitario determinó la sentencia, en casi toda su totalidad, por homicidio culposo y lesiones culposas, sin embargo tanto los acusados como los demandantes se fueron a un juicio de amparo para determinar “la constitucionalidad de la sentencia del magistrado y el Tribunal federal con sede en Hermosillo no quiso tomar el caso y lo deriva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
El abogado asegura que la SCJN analizó por meses el caso sin dar una resolución para ninguna de las partes, no obstante, “al final del día la SCJN determinó que iban a resolver los distintos amparos tanto de víctimas como de las personas condenadas”, dice. Pese a ello, el representante legal de los familiares de los menores fallecidos no entiende por qué esta instancia del Poder Judicial no ha resuelto nada luego de tanto tiempo de lo ocurrido, donde ha imperado la “impunidad”.
-¿Qué implicación tiene en lo ocurrido el ex gobernador Eduardo Bours?
– El ex gobernador no es parte de la sentencia, incluso el hoy ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar hace diez años cuando ingresó a la Suprema Corte, determinó que existía responsabilidad del entonces gobernador y de directores generales del IMSS, además de Zaldívar los demás ministros determinaron que habían existido violaciones a derechos fundamentales de las víctimas, pero atribuibles a autoridades de segundo nivel, ni Eduardo Bours ni Tampoco los dueños de la Guardería ABC, aunque hay dos condenados, ni tampoco los directores del IMSS que estuvieron implicados.
Una de las interrogantes que pone en la mesa Miguel Nava es el porqué el ministro Mario Pardo Rebolledo han dejado pasar tantos años para resolver el caso, en ese sentido expone que no se ha dado certeza jurídica y en la impunidad el crimen de 25 niñas, 24 niños, de decenas de niños lesionados, para el abogado ésta ha sido la tragedia más grande de la niñez.
-¿Por qué razón implican a gente de segundo nivel y no de primer nivel, a quién se está protegiendo desde las instancias judiciales?
-Un juez determinó individualizar la pena, a determinadas personas, ésa es la valoración del Poder Judicial de la Federación, quiero pensar de forma subjetiva que los directores del IMSS y el (ex) gobernador tienen una responsabilidad. En este caso se individualiza la culpa, tienen un delegado en Sonora y basados en el delegado, quisiera pensar que quizá por la responsabilidad de los delegados, se llegó a la conclusión de que ellos (los altos funcionarios) no eran responsables, pero eso lo valoró y determinó el Poder Judicial de la Federación.
En la sentencia que se dio el 13 de mayo de 2016 se estipula que dos de los cuatro dueños de la Guardería ABC son culpables por lo ocurrido aquel 5 de junio, no obstante Marcia Matilde Gómez del Campo, socia fundadora de la guardería, quien es prima de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, fue exonerada en enero de 2102 de toda culpa, también se libro de cualquier responsabilidad Gildardo Urquídez Serrano.
Al respecto Nava sostiene que “la prima de la esposa del entonces Presidente, ella no salió condenada, pero ese tema tiene qué ver con el Poder Judicial de la Federación”, dice. Pese a que el Poder Judicial no ha resuelto el tema a lo largo de una década el abogado sostiene que la culpa de lo ocurrido la tiene la administración del ex presidente Felipe Calderón.
“Qué grado de culpa tiene el gobierno federal por permitir el funcionamiento de una guardería que no cumplía con los reglamentos de protección civil ante un acontecimiento que derivó en la muerte de 49 niños y decenas de heridos con daños , si hubieran seguido los protocolos de seguridad hoy no estaríamos aquí hablado de esta tragedia ni teniendo a tantas víctimas que hoy no terminan el luto”.
La lentitud con la que ha trabajado el Poder Judicial del país no ha permitido que los familiares de los menores fallecidos en el incendio tengan justicia, por lo que el defensor de los padres considera que el caso sigue en la impunidad y más allá de su lectura y la del Poder Judicial para las familias afectadas los culpables de la tragedia del 5 de junio de 2009 son el gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora.
