La Fiscalía General del Estado de Durango obtuvo sentencia condenatoria contra cinco integrantes de una organización delictiva responsable de un ataque armado contra fuerzas de seguridad en octubre pasado. Este fallo judicial reafirma la capacidad del Estado para desarticular grupos que, mediante la violencia, pretenden vulnerar la tranquilidad de las comunidades populares.
Los hechos se remontan al 4 de octubre de 2025, cuando una célula operativa descendió de un vehículo en el Periférico de Gómez Palacio para arremeter con armas largas contra un módulo de revisión.
Según las investigaciones, estos individuos no solo buscaban agredir a los elementos policiales, sino que formaban parte de una estructura dedicada a planear ataques con explosivos y armas de alto poder para generar zozobra y consolidar un dominio criminal en la Comarca Lagunera.
Gracias a la movilización de pruebas por parte del Ministerio Público, la autoridad judicial dictó penas de 11 años, 1 mes y 29 días de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa contra José Roberto Castañeda Reyes; Luis Manuel Osvaldo Ramírez González (alias Francisco Javier Castañeda Covarrubias); Erick Rodríguez Ruelas; Francisco Edén Romero Marfileño y Jorge Amaury Cano Moya.
Contra la estrategia del miedo
Las indagatorias fueron contundentes: el grupo sentenciado operaba bajo una lógica de control territorial, intentando desplazar la autoridad legítima mediante actos de terrorismo urbano.
A pesar de que el ataque ocurrió en una de las arterias más transitadas y concurridas por la clase trabajadora de la región, la respuesta coordinada evitó que se reportaran víctimas civiles, permitiendo que las cámaras de seguridad y la inteligencia estatal rastrearan a los responsables hasta su captura.
Además de la privación de la libertad, el órgano jurisdiccional impuso multas individuales de 90 mil 514 pesos y el pago de reparación del daño. Este veredicto se suma a los esfuerzos recientes de las autoridades estatales y federales por reforzar la seguridad en la Laguna, priorizando la coordinación interinstitucional para cerrarle el paso a quienes intentan convertir nuestras calles en campos de batalla.
Con esta sentencia, se lanza un mensaje claro a las organizaciones delictivas: la justicia social y la seguridad de las familias duranguenses son prioridad.
