A casi una semana del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán sigue de luto y si bien cientos de personas han marchado por la paz en la entidad, también existen voces que glorifican la posibilidad de un levantamiento civil armado contra los cárteles, una herencia que se remonta al sexenio de Enrique Peña Nieto y representa un freno directo a la reconstrucción del tejido social.
En 2012, el ex presidente priísta recibió un país dolido y violento, resultado de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, cuya tragedia inició y se aseveró en Michoacán. Para afrontar la ola criminal en la entidad, Enrique Peña Nieto promovió el “Plan Michoacán” bajo la supuesta premisa de que “la violencia no se combate con más violencia”, consigna que se quedó en el papel.
En entrevista con Revolución 3.0, José Gil Olmos, periodista y escritor del libro “Batallas de Michoacán Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto” (Proceso), detalla que, durante su estadía en la entidad, detectó que fue el propio gobierno quien promovió la gestación de las autodefensas.
De acuerdo a entrevistas realizadas por el periodista en Tepalcatepec, meses antes del surgimiento de las autodefensas en el mismo municipio, apareció un personaje llamado Oscar Naranjo, un general de Colombia que fue contratado por el expresidente como asesor en Seguridad Nacional.
Oscar Naranjo, el encargado de organizar a las autodefensas
Naranjo estuvo en Tepalcatepec y La Ruana meses antes de la declaración oficial del levantamiento de armas (que ocurrió en febrero de 2013); su papel, indica el periodista, fue organizar las autodefensas. Posteriormente, el ejército se encargó de armarlos.
“Una de mis conclusiones es que el gobierno de Peña Nieto organizó a michoacanos para combatir a michoacanos. Fue una estrategia, a través de Alfredo Castillo (…) Entonces se organizan las autodefensas, les dan las armas y después de eso logran descabezar a los líderes de esta organización”.
Esto arroja luz a la rapidez con la que se legitimó a las autodefensas en 2014. Casi un año después de que un centenar de hombres se alzara en armas en el corazón de la región de Tierra Caliente en Michoacán, el gobierno de Peña Nieto comenzó un proceso de negociación sin precedentes entre civiles armados y el poder público.
En tan solo un año, parte de las autodefensas pasaron de ser grupos armados ilegales a fuerzas públicas, mediante un proceso de “legalización” que llevó a la creación de una nueva policía local, la ya desaparecida Fuerza Rural.
Gil Olmos señala que si bien mucha gente piensa que fue la propia sociedad michoacana la que decidió levantarse en armas, generalmente se omite mencionar que fueron muy propiciados por el propio gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta que se le escapó de las manos.
“Después Alfredo Castillo quiere quitarle las armas y hubo toda una iniciativa de quienes apoyaban que las autodefensas entregaran las armas, pero no las entregaron. Porque algunos miembros de las autodefensas realmente también eran parte del crimen organizado” señala el periodista.
Autodefensas fueron una muestra de la ausencia del Estado
Al respecto, Jonathan De Vicente, director de Incidencia Política en México Unido contra la Delincuencia, considera que las autodefensas pueden ser una medida paliativa contra el crimen, especialmente porque, si bien se genera un sentimiento de seguridad en las comunidades, se corre el riesgo de que estos grupos reproduzcan ciertas dinámicas de violencia.
“Y lo más importante de todo esto es que el Estado se ausenta. No solamente en términos de seguridad, sino en incluso en la provisión de servicios, como salud o educación. Y evidentemente esto genera que las brechas de desigualdad y de violencia continúen”.
En un sentido similar, Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas indica para este medio que la permisividad de Peña Nieto no tuvo ningún efecto positivo a largo plazo.
Al principio, señala el especialista, mientras las autodefensas tenían una base social real que incluía campesinos organizados y pobladores, estas ayudaron a mejorar un poco la situación de seguridad en el corto plazo, pues hicieron contrapoder a los grupos de la violencia organizada, pero eso duró muy poco.
“En cuestión de meses, las autodefensas cayeron víctimas de la misma lógica que había hecho que la gente no confiara en las instituciones. (…) Es imposible determinar quién sí es una autodefensa legítima y quién no. Al abrir la puerta a que los civiles se armen, le abres la puerta a que cualquier grupo de cualquier tipo se arme. Y eso es lo riesgoso”.
A pesar de que la violencia en la entidad no redujo ante las autodefensas, el levantamiento civil armado sigue vigente en la narrativa social y política de Michoacán; prueba de ello es que el propio Carlos Manzo había confrontado al crimen organizado en septiembre al sugerir que el pueblo se levantaría en armas.
Reconstruir el tejido social en una entidad permeada por el crimen organizado: el reto de la 4T
En este sentido, el periodista Gil Olmos reflexiona que en Michoacán se ha generado una “sociedad narca”, es decir, una sociedad que ha sido permisible para la formación de los grupos criminales y, en consecuencia, estos han permeado en la estructura social de un territorio que, además, es estratégico para el crimen organizado.
Al respecto, Rodrigo Cornejo reflexiona que, dentro de las lecciones que dejó la estrategia fallida de Peña Nieto, se reconoce que las autodefensas tuvieron confianza y legitimidad porque tenían base social y actualmente el gobierno federal tiene el reto de recuperar la confianza ciudadana.
Asimismo, el especialista prepondera la atención a las causas que originan la violencia como un sendero necesario y reitera en que en la inseguridad nacional convergen muchas aristas y problemáticas que se arrastran desde sexenios anteriores y requieren un proyecto a largo plazo para subsanarse.
De igual manera, señala que la omisión ante la mejora salarial durante décadas y la imposibilidad de superarse económicamente que se vivió en la entidad dejó a la violencia organizada un campo muy fértil.
“También esto tiene que ver muchísimo con lo económico, no nada más es un problema de violencia. En Michoacán es al revés, son grupos que están intentando capturar la riqueza que la población genera. Y eso no se atendió en el pasado y sí tiene que comenzar a atenderse” concluye el especialista.
