(17 de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- México resiente una profunda crisis de inseguridad y de constantes y generalizadas violaciones a los derechos humanos generadas no sólo por la mala estrategia para combatir al crimen organizado, sino por la utilización de las fuerzas armadas del Estado para sofocar la protesta popular y los movimientos sociales opuestos a las acciones de despojo patrimonial, operados desde las altas esferas del gobierno federal.
A lo largo y ancho del territorio nacional se cometen secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, feminicidios, y otros crímenes de lesa humanidad, los cuales quedan impunes, muchas veces, por la complicidad del Estado y hasta por la implicación de sus fuerzas armadas en los mismos.
Tras la negativa del gobierno mexicano de prorrogar su investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este viernes dio por terminada la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la cual investiga la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa. “Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo” de expertos, el cual termina el 30 de abril, dijo el presidente del ente regional, James Carvallaro.
Desde Copenhague, Enrique Peña Nieto, advirtió el jueves: el GIEI, el cual apoya las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, concluirá su labor el 30 de abril. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer avances en el caso y reveló: hay un testigo protegido y confirma la existencia de una segunda ruta de desaparición de entre 15 y 20 normalistas. Presuntamente están implicados dos policías federales y municipales de Huitzuco, Guerrero.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) “lamenta profundamente” la decisión del gobierno mexicano de no prorrogar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, la cual inició su investigación en marzo de 2015”. Carvallaro explicó: la vigilancia del organismo regional de derechos humanos continuará a través de un “mecanismo especial de seguimiento”, aún por definir, el cual podría contar con la asesoría de los integrantes del GIEI.
Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014, buscaban que los integrantes del GIEI se quedaran en México hasta concluir las investigaciones, al tiempo de exigir al gobierno federal dejara de espiar sus teléfonos y se concentre en la búsqueda de los estudiantes. Advirtieron a las autoridades: no lograrán dividir a los familiares y sus representantes, y demandaron se detengan las campañas de difamación y desprestigio porque no funcionará su intención de separarlos.
Como se recordara, de acuerdo a la versión oficial de la fiscalía mexicana, los jóvenes fueron atacados por policías corruptos de Iguala, los cuales los habrían entregado a sicarios del cártel Guerreros Unidos, quienes, se dijo, asesinaron e incinerado sus cuerpos. Pero el GIEI refutó científicamente esa teoría.
Las investigaciones en torno a este caso tienen mucho terreno por profundizar. Los intentos por llegar a la verdad son obstaculizados una y otra vez por las autoridades federales. Por ejemplo, la duda persiste: ¿de dónde sacó la PGR el hueso de Alexander Mora Venancio? No la sacaron del Río San Juan. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acaba de encontrar que Alexander Mora iba en el autobús Estrella de Oro 1531. En el incidente participaron dos policías federales y la policía de Huitzuco. A 15 normalistas transportados en ese autobús se los llevaron cuatro patrullas hacia Huitzuco. La PGR obtuvo el hueso de un desaparecido de algún lugar y mintió al respecto. De ahí las prisas de que se larguen los integrantes del GIEI.
Desde 1981, el secuestro y la desaparición forzada fueron declarados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) crímenes de lesa humanidad y éstos no prescriben. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso especial atención en investigar lo ocurrido en México en los últimos años, a pesar de la renuencia del gobierno federal en turno investigar estos crímenes. “Mientras exista impunidad jurídica seguirán cometiéndose estos actos”, advirtió el Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.
Frente a la Secretaría de Gobernación, familiares y amigos de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos instalaron este viernes un plantón para exigir la permanencia del GIEI en México y presionar al gobierno a continuar con las investigaciones. Instalaron una carpa frente al Reloj Chino, colocaron en el piso fotografías de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, así como una manta con las imágenes de los 43.
Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, señaló: “el informe de este jueves de la CNDH nos da la razón al movimiento y a los padres: el basurero de Cocula no es la verdad, no es el final, es una hipótesis que no le da veracidad a los padres. No hay esclarecimiento, hay incertidumbre”, subrayó.
