A pesar de que en la Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena, Colombia, en 2012, el primer ministro canadiense, Stephen Harper, declaró que “vemos la industria minera canadiense creciendo en las Américas, algo que será beneficioso para la prosperidad mutua y será prioridad de nuestro gobierno”; en Latinoamérica no ha dejado de despertar suspicacia tanto el impacto ambiental, la violación a territorios sagrados indígenas, como lo desventajoso de los contratos.
El 4 de febrero, la minera Barrick Gold anunció que próximamente iniciaría la exportación de oro desde República Dominicana y un efecto dominó de reacciones en contra se ha suscitado tanto en la sociedad civil, como en la prensa.
El contrato, firmado y aprobado tres años atrás, establece que la minera canadiense sólo le dará parte de las ganancias al Estado dominicano cuando recupere la inversión de la explotación –3 mil 700 millones– y alcance una rentabilidad de 10%. Sólo después de esto, el país latinoamericano percibirá el 28.75% de las utilidades netas y los impuestos sobre la renta que pague la trasnacional.
Esas condiciones han sido consideradas por los ambientalistas como injustas, ya que el país debe empezar a beneficiarse inmediatamente de la explotación de un recurso altamente cotizado en los mercados y que no es renovable.
Aunque los reclamos solicitan la revisión formal de los términos del contrato, juristas y economistas han dicho que, de acuerdo a la constitución del país, el Congreso no tiene la facultad de hacerlo y se necesita una aprobación de ambas partes firmantes para que la revisión suceda.
Además de los asuntos políticos que despliega el profesor de la Universidad McGill, en Montreal, Daviken Studnicki-Gizbert, , asegura que “las crecientes actividades mineras de Canadá se han convertido en una amenaza ambiental en Latinoamérica.”.
Con información de EFE
