(24 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El senador Mario Delgado Carrillo sostuvo que Peña Nieto basa sus actos de ejercicio de poder, en una lógica de “banda delictiva o de delincuencia organizada”, pues los perfiles incluidos en las ternas enviadas al Senado de la República para la elección de los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen como característica la posibilidad de complicidad.
Al participar en el foro “Análisis de la integración de la Suprema Corte”, el legislador agregó que el Ejecutivo evidenció –con la elección de los candidatos al máximo tribunal de México- que prevalece una visión de reparto de poder, un pacto político en el que interesa todo, menos la justicia, pues se optó por el envío de perfiles no idóneos, en lugar de buscar que la Corte represente el ideal de impartición de justicia.
Delgado Carrillo sostuvo que este proceso de designación pretende ser visto como un proceso formal meramente administrativo, donde simplemente se trata de llenar un check list y “si eso es suficiente, se vota”.
En su participación, la académica Denise Dresser sostuvo que en algunos temas, la SCJN asumió una “posición de avanzada” y en otros, todo lo contrario; como ejemplo de sus dichos, recordó el fallo del máximo tribunal de justicia sobre el secuestro de Lydia Cacho, en el que determinó que sí hubo violaciones a sus garantías individuales, pero “no graves”, así como la exclusión de responsabilidad a Juan Molinar Horcasitas en el caso de la Guardería ABC.
La analista afirmó que por algunos momentos, la Corte se ha dedicado a defender intereses empresariales y fiscales, en lugar de promover los derechos fundamentales, al dejar de lado una doctrina constitucional que le ayude a interpretar de forma coherente la Carta Magna, jurisprudencia que le permita proteger los derechos humanos, así como principios, sentencias o criterios generales para impulsar una vida democrática.
Dresse apuntó que es urgente que el máximo tribunal de justicia, se decida a “tomar los derechos ciudadanos en serio y dejar atrás muchas décadas en las que legitimó al sistema político, apoyó al priismo, siguió las órdenes del presidente en turno, no actuó como un contrapeso real, ni protegió la división de poderes” y acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN), de haber aceptado realizar un montaje y una votación negociada, en la asignación de los próximos ministros.
Señalamientos incómodos
La también politóloga, periodista y escritora sostuvo que la llegada de Eduardo Medina Mora a la Corte, es ejemplo de un proceso encaminado a llenar a dicho órgano -vía cuotas- de “cuates” para pagar favores, asegurar votos, la dictaminación de sentencias y coartar su independencia; por lo que afirmó que “las ternas enviadas sorprenden por sus diferencias en calidad, por la nebulosidad de algunos perfiles y lo absurdos de otros”.
Recordó que en 2007, Verónica Sánchez Valle –una de las candidatas de la terna entre la que se elegirá a la suplente de la ministra Olga Sánchez Cordero- fue sancionada por el Consejo de la Judicatura, tras acusársele de “falta de profesionalismo”. Tres años después, es decir, en 2010, fue objeto de reprimendas por segunda ocasión, por la misma razón.
Y “qué decir de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, actual procurador general de justicia del estado de México, quien negó los hechos en Tlatlaya y salió a mentir, ofuscar y ocultar”, argumentó Dresser, aunque adelantó que resulta tan obvio que, al menos estos dos perfiles no son idóneos como posibles ministros, que quizá fueron colocados “para negociar”.
El presidente siempre gana…
En su intervención, Saúl López Noriega, profesor e investigador en el Departamento de Derecho del Instituto tecnológico Autónomo de México (ITAM), argumentó que uno de los derechos en el proceso de asignación de los ministros de la Suprema Corte, es que el Ejecutivo federal no está obligado a justificar el porqué de sus propuestas, aunado a que el tiempo de escrutinio de los candidatos en el Senado de la República, es muy corto para realizar una análisis serio.
“Este es un procedimiento en que el presidente de la República siempre gana; lo único que tiene qué hacer, es calcular el costo político que quiere correr para ir llevando al límite el procedimiento y finalmente ganar. Una vez que manda una terna, el Senado tiene 30 días para votar. Si lo rechaza, puede enviar una nueva terna, pero si los senadores la vuelven a rechazar, el presidente decide unilateralmente”, explicó el docente.
Al respecto, López Noriega recordó el caso de la ministra Margarita Luna Ramos, quien en 2003 fue propuesta por el entonces presidente Vicente Fox, para integrar la SCJN; sin embargo, fue rechazada. El guanajuatense sustituyó dos de sus propuestas, pero Luna Ramos permaneció en la terna que el primer presidente no priista de México envió en febrero de 2004. En ese segundo intento, y después de un “análisis”, fue ratificada por el Senado.
El académico exigió que el proceso de escrutinio se lleve a cabo con la mayor transparencia posible y que el Senado de la República haga del conocimiento de la opinión pública los cuestionamientos que les harán a los candidatos, así como las respuestas de estos, para que haya retroalimentación de las organizaciones civiles y de la academia.
Como parte de los temas a abordar, sugirió que se pregunte a los candidatos a cerca de la filosofía o enfoque metodológico que abordarían como jueces constitucionales, su opinión acerca del papel de la SCJN frente al sistema jurídico y político mexicano, respecto a los desafíos del propio sistema de impartición de justicia y sobre la administración del Poder Judicial de la Federación.
En entrevista aparte, el coordinador de los senadores del sol azteca, el poblano, Miguel Barbosa, afirmó que el Ejecutivo pretende “achicar” la participación del Senado en el proceso de selección de los ministros de la SCJN, pues la integración de las ternas es un claro mensaje de que ya existe una “predefinición” de quiénes serán los nuevos integrantes de la Corte.
