Luego de que varios habitantes de la alcaldía Benito Juárez denunciaran que la administración panista de Santiago Taboada había otorgado varios contratos sin la licitación correspondiente, finalmente se abrió una investigación.
La Secretaría de la Contraloría General investiga los señalamientos de los vecinos de la entidad para determinar si existen pruebas que permitan concluir “si existe responsabilidad administrativa de servidores públicos adscritos a dicha alcaldía”.
Los contratos otorgados serían para el desarrollo de obras y la prestación de servicios para echar a andar los proyectos ganadores del presupuesto participativo.
De acuerdo con información de La Jornada, también se denunció que quienes conforman los Comités de Participación Ciudadana fueron presionados por funcionarios para firmar dichos contratos.
