(22 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) pertenecientes a la delegación de Oaxaca denunciaron una serie de despidos injustificados y abusos cometidos por parte de los funcionarios federales a cargo de esta instancia.
Los empleados de la CDI expusieron que el pasado 18 de diciembre por lo menos 40 trabajadores de la institución fueron notificados que su relación laboral con esta instancia del gobierno había finalizado. Sin mayor explicación, sólo que fue una orden que vino de las oficinas centrales de la CDI en el Distrito Federal, los funcionarios avisaron que el próximo 31 de diciembre sería el último que prestarían su servicio.
Los trabajadores señalaron que en la reunión donde les fue notificado del despido -sostenida con Cecilia Cruz Lozano, subdelegada estatal del CDI- existieron algunas irregularidades. En primera instancia, dijeron que los funcionarios de la CDI de Oaxaca no permitieron a los trabajadores revisar el documento de aceptación del término de contrato sin antes firmarlo.
“Se nos condicionó saber el contenido del documento a cambio de nuestra firma. Además nos dieron 15 minutos como tiempo límite para firmar el documento, sin posibilidad alguna de buscar asesoría jurídica”, relataron los empleados.
Aunado a lo anterior, señalaron que el documento que pretendía acabar con la relación laboral estaba fechado para el 14 de diciembre. Es decir cuatro días más tarde de que fue emitido, se entregó a los trabajadores.
“Sólo una persona firmó dicho documento, el cual fue entregado hasta el 18 de diciembre casi al concluir el horario laboral (…) A los trabajadores de confianza les fue ofrecida una supuesta liquidación de ley, sin reconocer los años de antigüedad real de cada uno de nosotros. Además de manera arbitraria, nos presentaron documentos que habían redactado unilateralmente; estos documentos eran la solicitud personal para incorporarse al programa de liquidación, un convenio de aceptación de la liquidación y el documento de renuncia”, detallaron.
Los trabajadores denunciaron que los encargados de la delegación estatal de la CDI les advirtieron que de no firmar en ese momento, los recursos destinados para su liquidación regresarían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta acción, amenazaron los funcionarios, cancelaba la posibilidad de poder cobrar en futuras ocasiones.
“No nos dieron tiempo suficiente para asesorarnos legalmente y revisar que el documento tuviera los requisitos de ley. De igual forma, en caso de firmar, el pago de la liquidación impuesta se haría efectivo hasta enero de 2016.
“Debido a nuestra negativa para firmar cualquiera de los documentos que nos fueron mencionados, los funcionarios nos enviaron correos en donde hicieron de nuestro conocimiento que la relación laboral terminaba el 31 de diciembre y que estábamos obligados a tomar nuestras vacaciones del 21 al 31 de diciembre”, señalaron.
Además, apuntaron que el mayor número de las personas que resultaron despedidas son jefas de familia, mujeres embarazadas y adultos mayores. Además aseguraron que esta ola de despidos injustificados forma parte de una medida a nivel nacional.
“Es de nuestro conocimiento que este despido masivo e injustificado es parte de los despidos que se están realizando a nivel nacional por dicha institución, pues se prevé el despido de 2 mil trabajadores de los 3 mil 700 que conforman actualmente la CDI, lo que refleja la ‘política de austeridad’ anunciada por Enrique Peña Nieto y las violaciones a los derechos humanos de las y los trabajadores en México.
Además que no fuimos notificados conforme a la ley, sin un periodo justo de notificación y sin informarnos de las causas del despido, los trabajadores fuimos objeto prácticamente de un desalojo, no permitiéndonos recoger nuestras cosas; además de ser videograbados sin nuestro consentimiento a manera de intimidación, siendo objeto de hostigamiento laboral al viejo estilo priista, lo que ha caracterizado a esta administración”, apuntaron.
Los trabajadores de la CDI manifestaron que su despido podría tener relación con el contexto electoral que se avecina en Oaxaca. Señalaron una posible utilización de las plazas de trabajo dentro de la CDI para beneficiar al PRI en los próximos comicios.
“Hemos mostrado una actitud apartidista y meramente institucional, y esto ha sido uno de los motivos del encono para el señalamiento contra los trabajadores despedidos. No podemos omitir el contexto electoral que estaremos viviendo en Oaxaca el próximo año, lo que permitiría reclutar a personas afines a dicho partido.
Es necesario mencionar que la mayoría de quienes no fueron despedidos son personas ingresadas recientemente, adscritos a acuerdos políticos y que no cumplen con el perfil necesario. Algunas de estas son personas con antecedentes penales, demandados por robo, fraude, entre otras; ex autoridades municipales priistas o de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP)”, señalaron.
Llamaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emprenda las acciones a su alcance para enfrentar esta problemática. Además exigieron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tomar cartas en el asunto y actuar conforme a derecho.
“Como trabajadores oaxaqueños hacemos un llamado a la ciudadanía a respaldar nuestras acciones y a unirse a nuestra exigencia. Responsabilizamos al Gobierno Federal y Estatal de cualquier represalia en nuestra contra y en contra de nuestras familias por defender nuestros derechos laborales”, concluyeron.
