El sector empresarial de Sonora encendió una alerta nacional al denunciar presuntas prácticas de extorsión, chantaje económico y simulación sindical dentro de CATEM–Sonora, un esquema que —aseguran— replica el mismo modus operandi documentado previamente en Durango y Coahuila, pero que ahora incorpora un elemento que agrava la preocupación: la participación de liderazgos con antecedentes políticos vinculados al PAN.
De acuerdo con los denunciantes, este modelo estaría utilizando de manera fraudulenta la reforma laboral vigente para imponer pagos ilegales a empresas formales, afectar la estabilidad laboral de trabajadores y presionar económicamente a sectores estratégicos del estado, particularmente en la franja fronteriza.
Dirigencias sindicales con pasado político, en el centro de las denuncias
Las acusaciones apuntan a liderazgos sindicales de CATEM en Sonora, entre ellos Carolina Lara Moreno, actual secretaria general del organismo en la entidad, quien cuenta con trayectoria política previa como diputada local por el PAN y como dirigente del partido Fuerza por México. Junto a ella, también son señaladas Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma.
Según los empresarios, estas dirigencias promueven solicitudes de constancias de representatividad con firmas presuntamente falsificadas, sin conocimiento ni consentimiento real de los trabajadores. Dichos documentos serían utilizados para emplazar a huelga y forzar la firma de contratos colectivos, generando presión financiera directa sobre las empresas.
Al verificar con sus plantillas laborales, varias compañías afirman que los trabajadores no reconocen a estas lideresas ni han otorgado respaldo sindical alguno.
El mecanismo: presión, huelga y cobros para “desistirse”
El esquema descrito por los denunciantes sigue un patrón definido: emplazamientos laborales sin aval real, seguidos de exigencias de pagos mensuales o montos únicos para retirar la huelga. Empresarios califican estas prácticas como chantaje y una perversión del espíritu de la reforma laboral de 2019, creada para fortalecer la democracia sindical, no para convertirse en un mecanismo de coerción económica.
En este contexto, Marisela Parra Martínez es señalada como quien encabeza las negociaciones directas con empresarios, presentándose como la operadora con mayor experiencia en el manejo sindical.
Nogales y la frontera, el punto crítico
La preocupación se concentra especialmente en Nogales, punto neurálgico para el comercio exterior y la industria maquiladora, donde cualquier alteración al entorno laboral tiene impacto inmediato en cadenas productivas binacionales.
Empresarios advierten que el temor a represalias ha inhibido denuncias públicas, pero subrayan que el problema ya alcanzó un nivel crítico que exige atención nacional.
“Es el mismo libreto: emplazamientos masivos, amenazas veladas y cobros ilegales”.
Sostienen, al comparar la situación de Sonora con los antecedentes registrados en Coahuila y Durango.
Antecedentes que elevan la alerta
Los denunciantes recuerdan el caso de La Laguna, donde ganaderos, transportistas y comerciantes reportaron extorsiones similares atribuidas a estructuras de la CATEM. En ese episodio, el Gabinete de Seguridad Federal informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias y empresas vinculadas al entorno de Édgar Rodríguez, “El Limones”, líder sindical señalado por vínculos criminales.
Testimonios anónimos documentaron cobros de 80 centavos a un peso por kilo de ganado vivo, lo que representaba hasta 40 mil pesos por establo en una sola operación, además de la exclusión forzada de otros sindicatos en obras públicas y privadas.
Para los empresarios sonorenses, el paralelismo es directo: mismo método, misma presión y misma escalada progresiva.
Autoridades ya analizan los casos
Los empresarios confirmaron que las denuncias ya fueron presentadas ante autoridades federales y se encuentran bajo análisis de despachos jurídicos especializados. Subrayaron que el combate a la extorsión es hoy prioridad nacional, con acciones reforzadas anunciadas por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y con la persecución del delito de oficio.
En ese mismo sentido, durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que erradicar la extorsión será uno de los mayores retos del Estado mexicano, un mensaje que hoy cobra especial relevancia para el caso de Sonora.
Llamado a frenar el uso político de la extorsión sindical
Finalmente, los denunciantes hicieron un llamado a autoridades laborales, instancias de seguridad y medios nacionales para poner atención en Sonora y evitar que figuras con pasado partidista utilicen estructuras sindicales como instrumentos de presión ilegal.
“Defender la reforma laboral implica impedir que se convierta en un instrumento de extorsión. Proteger la legalidad es proteger el empleo, la inversión y el Estado de derecho”, concluyen.
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