La Procuraduría Federal del Consumidor, (Profeco), encargada de velar por el bolsillo de los consumidores, en los últimos años ha sido denunciada por actos de corrupción que no solamente involucran a personal verificador de productos, sino también a funcionarios de mediano y alto perfil.
En un caso reciente, un medio de difusión nacional, señala que existe una acusación abierta contra Profeco, la cual ha sido interpuesta por Asociaciones de Distribuidores de Gas LP de Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas.
El artículo señala que existe una carta dirigida a la Presidencia de la República, en la que denuncian que ejecutivos “corruptos de la Profeco”, visitan plantas gaseras bajo el pretexto de realizar inspecciones, sin embargo, el siguiente paso es amenazarlos con cerrar las empresas de no entregar “un pago de cuota”.
Como si se tratara de delincuentes cobrando derecho de piso, piden un pago de 50 mil pesos por cada gasera que verifican, los cuales, se presume, van directamente a la cartera de Óscar Luis Rincón Guajardo, director de Verificación de Gas LP, más 15 mil pesos para los verificadores.
Se ha denunciado, de acuerdo con la publicación, que los verificadores se encargan que después de la advertencia, los gaseros se comuniquen con Rincón Guajardo para concertar una cita en la Ciudad de México para “arreglarse” con el pago y evitar los cierres.
Por lo que los empresarios han dado paso a una denuncia ante la Presidencia de la República por considerarlo otro tipo de extorsión, y solicitan al ejecutivo de paso a una profunda investigación sobre el tema.
Sin embargo, esta no es la primera vez que se conoce un caso como éste, aunque este tipo de acciones se han hecho presentes con mayor frecuencia cuando se trata de verificar gasolineras.
Como ejemplo, el julio pasado una gasolinera colgó un anuncio explicando porqué permanecía cerrada. Señalaron que las bombas expendedoras de la gasolinera se encontraban inmovilizadas, “por no ceder a extorsiones de una funcionaria de la Procuraduría Federal del Consumidor”, explicaron por medio de una lona instalada por la concesionaria.
Según un grupo de empleados, dieron a conocer que, el personal de la Profeco arribó para realizar pruebas de rutina y comprobar que las bombas estaban entregando litros completos a los clientes.
Las pruebas se superaron sin ningún problema, sin embargo, la representante de la Profeco le solicitó a los empleados una suma de aproximadamente 30 mil pesos para evitar la inmovilización de las bombas.
Como el personal se negó, ya que además la dueña del lugar no se encontraba, los inspectores de la Profeco procedieron a clausurar todas las bombas del establecimiento.
A inicios de este año, durante el Primer Seminario Nacional Gasolinero realizado en la Ciudad de México. Durante la sesión de preguntas y respuestas, el empresario José Manuel Vázquez Pérez del Grupo Gasolinero Servicio Henríquez dijo:
“Ya me llegaron las amenazas, demostré la extorsión y terminaron en la Procuraduría General de la República (PGR), me estoy cansando de cómo están actuando. A mí me están visitando cada tres o cuatro meses y siempre me buscan algo y su instrucción es buscar algo, sin embargo, las gasolineras que están dando su cuota, son intocables, los grandes grupos son intocables, y ya chole o todos parejos o todos rabones. Entonces mi pregunta es si la tendencia de ustedes es a seguir extorsionándonos”, cuestionó José Manuel Vázquez Pérez del Grupo Gasolinero Servicio Henríquez.
Las denuncias de corrupción, negligencia y abuso de poder no son nuevas en Profeco. Sin embargo, hasta antes de conocerse el tema de las gaseras, el conflicto se centraba los gasolineros, quienes han denunciado el abuso de poder y exigencia de sobornos de los numerosos inspectores y operadores de la dependencia.
De acuerdo con datos de la Onexpo indican que las afectaciones por la corrupción de los inspectores de Profeco dañan el 25 por ciento de las operaciones de las gasolineras que ahora se encuentran sobre reguladas y tienen que cumplir con una seria de requisitos para evitar ser multadas por el organismo y cumplir con “litros de 100%”.
En 2016, un grupo de altos directivos de las asociaciones de gasolineros, acusó a Profeco de haber tejido una red de corrupción, donde se exigen pagos ilegales por medio de los funcionarios, siendo “promovido y alentado por iniciativa de altos directivos de las asociaciones de gasolineros”.
En la red, según las fuentes que conocían la indagatoria, están involucrados inspectores y titulares de las delegaciones de la Profeco en al menos 15 estados del país. También son señalados de estar involucrados funcionarios de las oficinas centrales de la dependencia adscritos a la Dirección General de Verificación de Combustibles y de la Coordinación de Brigadas de Verificación de Combustibles.
