El debate en torno a la reforma a la industria eléctrica enviada al Congreso por el presidente López Obrador generó una fuerte campaña de odio y desprestigio por parte de grupos conservadores del país. Pese a ello, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados impulsará la reforma que propuso AMLO.
Esta iniciativa es el primer paso para revertir legalmente la reforma energética. Pues plantea que la CFE sea considerada como prioridad en el despacho de energía eléctrica. Además, con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica podrían revocarse permisos a grandes empresas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su proyecto y manifestó que el descontento con su iniciativa viene de la industria privada. Ya que se habían apoderado del sector.
Afirmó que en sexenios pasados el precio de la luz aumentaba cada vez más, y con las reforma logrará que “no sigan esos abusos y saqueos”.
“No les gustó que envié una iniciativa de reforma al sector eléctrico porque se habían apoderado de la industria las empresas particulares. Comprando, sobornando a autoridades corruptas. Empresas extranjeras como Iberdrola que, con un descaro sin precedente, contrata a la Secretaría de Energía y la convierte en su empleada”, dijo.
Y es que es un hecho. Han sido múltiples las voces de descontento hacia la reforma impulsada por el presidente. Es relevante que son los grupos de derecha, ligados a empresarios, periodistas y políticos conservadores, quienes sostienen la campaña en contra de la reforma.
Grupos conservadores y élites de poder rechazan la reforma
Un ejemplo es lo que manifestó el medio El Financiero, el cual escribió que la reforma afectaría a Grupo Carso, empresa de Carlos Slim.
“Sin embargo, el magnate mexicano no es el único afectado por esta posible reforma. En la lista también está Alfa, liderada por Roberto Garza Sada. Y otras compañías como Ternium, Ford. Continental, Bridgestone, Mabe, Bio Pappel, Heineken, Nestlé, PepsiCo, SuKarne, Bimbo, FEMSA, Kellogg’s y Hershey’s, pues todas cuentan permisos de auto suministro eléctrico”, publicó.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se sumó a las críticas. Pues dice que de aprobarse la iniciativa no sólo iría en contra de las disposiciones constitucionales vigentes promulgadas en la administración anterior. Sino que sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana.
Fuentes internacionales como en el caso del Financial Times, medio británico. En un texto titulado “La peligrosa adicción de México a los combustibles fósiles” señaló que la participación del sector privado en el mercado energético es uno de los “odios favoritos” de López Obrador.
Asimismo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la calificó como una “expropiación indirecta” que generaría un aumento de precio de todos los productos y servicios que se consumen en México.
La entidad bancaria BBVA , manifestó su desacuerdo. Y dijo que la reforma eléctrica de AMLO arriesga inversiones por 40 mil millones de dólares. El banco español planteó que la iniciativa puede desincentivar inversiones futuras. No solo en el sector energético, sino en el resto de industrias.
PRIAN-PRD en contra de la iniciativa de reforma
El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresaron su rechazo a la iniciativa.
“El gobierno federal sigue apostando al pasado con energías contaminantes que afectarán el bolsillo de las y los mexicanos al incrementar el costo de la luz. Vamos a escuchar a la gente y a los expertos. No podemos permitir más ocurrencias que destruyan al país”, dijo el grupo parlamentario del PAN.
El PRI alertó que, de aprobarse, la reforma “implicaría aumento de tarifas eléctricas, necesidad de mayores subsidios. Cuando los recursos fiscales deben invertirse en salud y repudio a la inversión privada. Cuando México está en la peor crisis económica en casi un siglo”.
Marko Cortés aseguró que: “Por Morena la gente pagará más de luz”. El dirigente nacional del PAN advirtió que la iniciativa de reforma a la Ley de Industria Eléctrica presentada por el presidente López Obrador llevará al país a constantes litigios internacionales.
En tanto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que “López Obrador busca darle un completo monopolio a la CFE a costa de las familias mexicanas”. Y “quitarle el derecho a un medio ambiente sustentable a futuras generaciones”.
Morena defiende y respalda a AMLO: es falso que atente contra la inversión
Por su parte, el grupo parlamentario de Morena expresó su total respaldo a la iniciativa presentada por el presidente. Y aclaró que es falso que la reforma eléctrica atente contra la inversión.
La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados impulsará la reforma a la ley de la Industria Eléctrica, aseguró el coordinador de la bancada parlamentaria, Ignacio Mier Velazco.
“No nos oponemos a una competencia legítima y equitativa. Esto no tiene una carga ideológica, sino de respetar condiciones de equidad, de igualdad de libre competencia. Que no pongan en situación de desventaja la industria eléctrica nacional para favorecer a unos cuantos”, dijo.
De acuerdo con el representante del partido, las modificaciones legales buscarán revertir los efectos de la reforma energética aprobada durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
“Se trata de la iniciativa más importante de esta Legislatura, ya que garantizará piso parejo, libre competencia y la eliminación del dumping, práctica que iba en detrimento del sector eléctrico nacional”, dijo.
El grupo parlamentario de Morena aseguró que la reforma energética de 2013 se aprobó para favorecer intereses particulares. A través del uso de huecos legales en el reglamento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Creemos en la inversión privada y en la inversión pública privada. Pero queremos reglas parejas, que se respete la libre competencia en condiciones de equidad. Que se evite el dumping, que se evite el subsidio disfrazado y que la modernización del sistema eléctrico y de apertura sea en el propósito que inspiró la reforma constitucional. Que tengamos energías limpias y un mejor servicio en confiabilidad y precios”, enfatizó.
En tanto, el debate continúa. En la Cámara de Diputados se tienen 30 días naturales para desahogar la iniciativa; el Senado tendrá los siguientes 30 días después de ese plazo.
