(14 de febrero, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “De la misma manera que nada ni nadie puede hacer que se recorran las hemerotecas de todo el mundo arrancando páginas de los periódicos antiguos, nada ni nadie debe poder ‘obligar al olvido’”, declara Enrique Dans, profesor de sistemas de información en IE Business School.
Luis Rojas, ingeniero mecánico, fue víctima de robo de datos; por medio de Google obtuvieron su cédula profesional y otra información. Recurrió al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), argumentando que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) lo respaldaba para ejercer el “Derecho al olvido”, sin embargo no obtuvo del órgano respuesta convincente.
Laura Buendía, abogada especialista en derecho informático comenta, “en dicho caso, de poder darle seguimiento, posiblemente Google, hubiera argumentado que dado a que los servidores donde almacenaban la información estaban ubicados en California, no estaban sujetos a ley mexicana, pero nada se pudo hacer, el sitio sigue dando a conocer cedulas profesionales y diversa información personal, el IFAI debió aplicar leyes y sanciones, sin embargo, la actuación pronta en el caso del empresario Alcántara de la Peña, parece privilegiada”.
Poco después de que la revista financiera Fortuna, diera a conocer que “Salvador Sánchez Alcántara y su hijo Arturo Sánchez de la Peña, empresarios amigos de Marta Sahagún y Vicente Fox, enfrentan la denuncia que presentaron 40 socios de la empresa Autobuses Estrella Blanca por el delito de fraude, integrada en la averiguación previa AZC4/T3/812/03-06 y que tiene vínculos con la fundación Vamos México”, los empresarios solicitaron a Google eliminar de su buscador dicha nota.
Lo anterior propició que el IFAI, resolviera que Google México, siendo responsable del tratamiento de datos personales, tiene como obligación remover de los resultados de su buscador los enlaces que vinculan al ciudadano con acusaciones de tráfico de influencias, fraude y posibles actos de corrupción, argumentando que atentan contra su honor, su seguridad personal e integridad física.
“México practica un ‘derecho al olvido’, sinónimo de una nueva forma de censura y protección a la impunidad. La autoridad mexicana de control de datos personales ha dispuesto la desindexación de enlaces desde Google, con implicancias negativas sobre la circulación de la información y sobre los derechos fundamentales”, declara la abogada de la organización de Derechos Digitales, Rayén Campusano, especialista en temas relacionados a los derechos humanos en el entorno digital.
Campusano advierte “al señalar a Google como responsable de los links a la noticia, es censurar los contenidos en internet, un evidente atentando contra la libertad de expresión y privación de datos; siendo investigaciones periodísticas comprobadas, son relevantes para la sociedad, sin embargo ahora será información escondida, bajo el pretexto de proteger datos personales, eliminando cualquier indicio de periodismo crítico”.
“Ni la libertad de expresión ni la protección de los datos personales son derechos absolutos, existen limitaciones que son necesarias para el equilibrio en su ejercicio. Pero la decisión del IFAI, por demás ‘sucinta y al paso’, no desarrolla ninguna excepción que permita ponderar o justificar su decisión, cerrando paso a fundamentos de defensa en México, el IFAI incumple con la encomienda para lo que fue creado, apuntando así en la dirección contraria”, sentencia Campusano.
Buendía fundamenta “el problema expande su gravedad, dada la gran interrogante respecto a quién debe ser el encargado de decidir qué información debe o no ser desindexada, porque IFAI podría tomar la decisión de que el arbitraje recaiga en empresas privadas, quienes definirían los límites a la libertad de expresión, esto podría devenir en incontables riesgos, incluso el tráfico de influencias puede surgir a cambio de censurar una noticia de la web. Finalmente la decisión sobre qué datos hacer públicos y cuáles desaparecer pareciera que sólo garantiza la seguridad de las esferas del poder, no así del ciudadano de a pie, modificación a modo en favor de políticos y empresarios con graves indicios de corrupción, respaldados”.
Google México declara “es preocupante como se vulneran los derechos de acceso a la información y libertad de expresión. La empresa se ha manejado con estricto respeto a las leyes mexicanas. No dejaremos el tema en el olvido, el siguiente paso es defender el derecho a la información de los ciudadanos, lo cual se hará a través de las instancias jurídicas correspondientes”.
La anterior es la única declaración que la empresa ha decidido dar a los medios de comunicación, sin embargo, uno de los miembros de la empresa, cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato declara “la decisión de la Unión Europea, de ejercer el derecho al olvido a nivel mundial, era impensable, ahora en México parece un asunto politizado, nadie puede obligar a nadie a olvidar un suceso y con la red pasa exactamente lo mismo. Lo complejo es que se intenta eliminar no la información en cuestión, sino los enlaces que direccionan a ésta desde el buscador, es absurda, porque la información desaparece del buscador, no así de las páginas de origen, además para el proceso para una persona común llevaría mucho más tiempo de examinar, sin embargo en la denuncia del señor Alcántara de la Peña, IFAI actúo con mucha rapidez, en un caso que podría anunciar un problema de conflicto de intereses”.
Hurtado comenta “Google en Europa acató las leyes, siempre y cuando los dominios pertenecieran a los países que validaron el ‘derecho al olvido’, pero bajo el dominio ‘.com’ la información continúo intacta, el problema radica que ahora quieren expandir dicha ley por toda Asia y Latinoamérica. Es muy bien sabido que muchos países no la legitimarían, pero México se caracteriza por ser un país con secretismos, en donde los datos o estatus jurídicos de los civiles son expuestos, pero cuando se tratan de nexos políticos y corrupción la ley los defiende de inmediato”.
“En México el derecho de la protección de datos incluye entre sus contenidos el ‘derecho al olvido’ o ‘derecho a la caducidad del dato negativo’. Es correcta su aplicación en materia del dato financiero tratado por los sistemas de información crediticia, pero la relevancia del interés público, no obstante, está por encima del derecho al olvido, aún más cuando son hechos relacionados con los dirigentes de un país”, explica el Doctor Óscar Puccinelli, especialista en protección de Datos Personales.
Óscar Guerra Ford, comisionado del IFAI, confirma “existen ya una veintena de solicitudes para el ‘derecho al olvido’, que Google debe acatar, en un plazo de semanas, de lo contrario se abrirá una investigación. Pero para ello se necesitará comprobar si realmente los datos publicados atentan contra la privacidad de los denunciantes o dichas informaciones corresponden con datos personales publicados sin consentimiento”.
