(23 de mayo del 2014).- El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Tlaxcala, Francisco Mixcoatl Antonio, denunció que las legislaciones locales para adecuar el marco jurídico vigente al modelo federal, presentan un rezago de tres años, ya que la cámara de diputados no ha presentado las adecuaciones correspondientes en esta materia.
“No hay que inventar el hilo negro, sólo hay que armonizarlas con la Constitución federal… no hay que inventar nada, ya está todo y creo que Tlaxcala es de los últimos estados que se han quedado rezagados; Puebla era de los estados más rezagados y ya presentó su reforma… pero ya es un mandato que le corresponde al Poder al Legislativo”, afirmó el funcionario estatal.
Uno de estos puntos, dijo, tienen que ver con la terminología jurídica, adaptada a nuevos márgenes precisamente para evitar la discriminación.
Algunas de ellas, por ejemplo, es que en la Constitución local, se sigue hablando de personas con “capacidades diferentes” cuando a nivel nacional e internacional se utilizan términos como personas con “discapacidad”; se habla aún de “menores infractores” cuando el término legal es “justicia para adolescentes”; se habla del principio de “independencia” cuando el terminó utilizados es “interdependencia”.
“Se podría dictar una conferencia sobre lo que hace falta por armonizar, eso se debe analizar con mucha lupa, con mucha técnica legislativa y sobre todo con mucha técnica de derecho constitucional y técnica jurídica”, afirmó el ombudsman del estado gobernado por Mariano González Zarur, de filiación priista.
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En contraste con esta declaración, de la cual, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a nivel federal no ha emitido ningún juicio, condena o comentario, hoy, en plena polémica por la aplicación de la llamada #LeyBala para regular el uso de armas de fuego por parte de la policía del estado de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), condecoró a su titular, Raúl Plasencia Villanueva, con el doctorado Honoris Causa.
En días pasados, en una comparecencia ante el Senado de la República, la senadora Layda Sansores, le reprocho su falta de compromiso para atender las problemáticas más ominosas en las que se ha visto comprometida su gestión durante los últimos años, como en el caso de la masacre de migrantes en San Fernando Tamaulipas. Además, lo encaró por su insistente activismo para ser relegido en un segundo periodo al frente de la CNDH.
Por su parte, organizaciones de defensores, como Articulo 19, lazaron una campaña en redes sociales para cuestionar su trabajo al frete del organismo.
Y es que, desde el 2009 en que se desempeña en aquel cargo, éste ha incurrido en graves fallas y omisiones, en los cuales, recae, su tibieza para condenar y actuar en torno a las leyes que inhiben la libre manifestación pública, mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como de transparencia institucional. Además, ha carecido de una política efectiva para presionar al Estado mexicano por la falta de acceso a la justicia de las víctimas de la violencia, como señaló también la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
