Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(13 de marzo, 2015).- El Estado mexicano desconoce reiteradamente los informes internacionales, como el reciente informe sobre la tortura en México del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, en el que señala que en nuestro país, la tortura es una práctica “generalizada”.
Por esta razón, distintas organizaciones sociales y de Derechos Humanos demandan al gobierno mexicano reconocer y tomar en cuenta las recomendaciones del Informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que elaboró el relator especial.
Esto, porque las autoridades nacionales negaron que en México la tortura sea “generalizada” y pidió al relator, documentar los casos sustentado sus aseveraciones con la realidad objetiva e incluyendo todos los puntos de vista.
Por lo tanto, las organizaciones emitieron un comunicado en el que condenan al Estado por incumplimiento de las recomendaciones internacionales. Además, señalaron que el gobierno intenta minimizar el alcance y contenido de las recomendaciones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, a través de la desligitimación.
En este sentido, indican que dicha actitud es una ” clara contradicción con el discurso de cooperación y apertura con los órganos de vigilancia de derechos humanos que el Estado mexicano dice tener”. Por lo que, continúan, “el informe del Relator se encuentra sustentado sobre evidencias solidas obtenidas en su visita realizada durante abril y mayo de 2014”.
De este modo, dijeron estar preocupados por la “inacción del Estado sobre los casos de tortura, independientemente del número de casos registrados”.
Por ello, “el Estado Mexicano está obligado a modificar esta posición, , asumir y reconocer la magnitud del problema respecto de violaciones graves a los derechos humanos, en este caso la práctica de la tortura generalizada”, sentencia el comunicado.
Finalmente, indican que el gobierno mexicano está obligado a trabajar con todos los involucrados, incluidas as organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, en la búsqueda de encontrar mecanismos de interlocución que permitan dar cumplimiento integral a las recomendaciones hechas al gobierno mexicano en el informe sobre tortura. Pues de este modo, “se podrá avanzar decididamente en el combate a la impunidad y en la erradicación de este tipo de prácticas”.
