Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se realiza una investigación sobre el artículo publicado por The New York Times acerca de las municiones de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos que son utilizadas por los cárteles del narcotráfico en México.
Si bien la información arroja luz al intercambio moderno de armas, no es el primer registro de la participación estadounidense en el armamento de los carteles. En realidad, el poder de fuego de estos grupos no se explica sin la frontera norte.
De acuerdo con información del diario estadounidense, la Planta de Municiones del Ejército de Lake City, en Missouri, sería el principal distribuidor del armamento.
9 mil armerías estadounidenses se ubica en los estados fronterizos con México
Las investigaciones del NYT identifican acuerdos entre el Ejército de EEUU y contratistas privados que permiten que las municiones lleguen a civiles estadounidenses y, posteriormente, sean traficadas hacia México.
Mientras que en México existe una sola tienda de armas legal (controlada por el Ejército) en Estados Unidos hay aproximadamente 50 mil armerías, de las cuales alrededor de 9 mil se encuentran estratégicamente ubicadas cerca de la frontera con México de acuerdo con una investigación del internacionalista y politólogo Omar García-Ponce.cárteles
Garcia Ponce señala que Arizona, California, Nuevo México y Texas concentran el 20 por ciento de todas las tiendas de armas en Estados Unidos o de las licencias para vender armas en ese país. Este ecosistema ha creado lo que los expertos llaman un “río de hierro” (Iron River) de armamento.
Cárteles buscan armamentos “de guerra”
De acuerdo con reportes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), 74 por ciento de las armas aseguradas en México entre 2017 y 2021 provenían de Estados Unidos.
Del total, 82 por ciento terminó en territorios dominados por cárteles de drogas. Los decomisos realizados por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional revelan un patrón claro: las organizaciones criminales no buscan pistolas de defensa personal, sino armamento de guerra.
Los fusiles de asalto, el AK-47 (“Cuerno de chivo”) y el AR-15 son los pilares del arsenal de estos grupos delictivos. De acuerdo a distintas investigaciones, son adquiridos como versiones semiautomáticas civiles en EEUU y posteriormente convertidos a automáticos en México.
Por otra parte, también destacan los rifles de francotirador. El Barrett calibre .50 es la joya de la corona. Capaz de perforar blindajes y derribar helicópteros, este rifle es legal para civiles en muchos estados fronterizos como Texas.
¿Cómo cruzan la frontera?
La Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego publicada en 2025 por el ATF indica que existen cinco rutas de Estados Unidos a México que concentran el 32 por ciento de todas las armas de fuego recuperadas, rastreadas hasta un comprador. La más dominante es la ruta de Arizona a Sonora.
Cabe señalar que, en estados como Texas o Arizona, las ventas entre particulares en ferias a menudo no requieren una revisión de antecedentes, facilitando la adquisición masiva.
Respecto a la corrupción y puntos ciegos, especiaistas advierten que las armas se ocultan en compartimentos secretos de vehículos que cruzan de norte a sur, una dirección donde las inspecciones suelen ser mucho menos rigurosas que en el sentido opuesto.
“Rápido y Furioso” y la complicidad del Estado neoliberal
Si bien antes de 2004 existieron registros de tráfico hormiga constante que datan de los años 90, cerca de 2006 se registraron los primeros operativos estadounidenses que permitieron el paso de armas, beneficiados en gran medida por la guerra contra el narcotráfico encabezada por Felipe Calderón.
La Operación “Rápido y Furioso” (2009-2011) es quizás el caso más documentado y escandaloso de intercambio “vigilado”. El objetivo era reforzar –en impacto y capacidad– el operativo Gunrunner, que consistía en vender armas a los grupos criminales más violentos como Los Zetas, y los Cárteles del Golfo y de Sinaloa, con la finalidad de rastrear su destino final.
Entre 2009 y 2011, la ATF y el Departamento de Justicia (DOJ) lanzaron la Operación desde Phoenix; con ello, se permitió la venta ilegal de aproximadamente 2 mil armas (incluyendo rifles de asalto y fusiles Barrett .50).
“A partir de 2004, agencias de Estados Unidos realizaron otros siete operativos de “trasiego controlado” de miles de armas hacia México (…) En al menos cuatro de estos operativos el gobierno mexicano no sólo fue informado, sino que cooperó…” reveló una investigación de Fabián Medina, jefe de la oficina de Relaciones Exteriores durante el sexenio pasado.
Una estrategia fallida, múltiples homicidios en México
Los expertos señalan que la operación falló en parte debido a que la dinámica encubierta estaba fuera de la supervisión y manejo estándar de las operaciones en campo, ya que al detectarse el tráfico hacia México debía hacerse la interdicción antes de que cruzara la frontera.
Sin embargo, en muchas ocasiones, la Patrulla Fronteriza (CBP) o ICE detenían a los traficantes, pero eran liberados para que continuaran con el trasiego mandatado por ATF. Con estos incidentes entre agencias, no era improbable que la Oficina del Procurador General de EUA tuviera conocimiento del tema.
Esta Operación concluyó tras el escándalo público por el homicidio del agente de CBP, Brian Terry, en diciembre en Arizona, con un arma de la operación. Para finales de 2010, se estimaban más de 1,961 “armas vigiladas” en manos del narcotráfico y solo 710 recuperadas hasta febrero de 2012,
Este evento dejó un registro oficial exhaustivo de cómo el armamento estadounidense llega directamente a las cúpulas del narco.
