(26 de febrero, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo con Human Rights Watch (HRW) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012, miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado.
“El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la “guerra contra el narcotráfico” en México.
En abril, el Congreso mexicano aprobó una ley contra la tortura y el uso de pruebas obtenidas mediante coacción en procedimientos judiciales. Al momento de redacción de este documento, la ley todavía no se había implementado”.
México ha usado activamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos, señala la organización.
Desde 2006, y hasta julio de 2016, la CNDH había recibido casi 10.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, incluidas más de 2.000 durante el gobierno actual. Determinó que hubo más de 100 casos de violaciones serias de derechos humanos cometidas por militares.
En noviembre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, que autoriza la intervención militar en las actividades de seguridad pública internas —como la obtención de datos de inteligencia— sin prever medidas concretas para mejorar la rendición de cuentas. A la fecha de redacción de este documento, la propuesta estaba bajo discusión en el Senado.
En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para establecer que los abusos cometidos contra civiles por militares debían ser juzgados en la justicia penal ordinaria en vez del sistema de justicia militar, que en el pasado en general no había asegurado que los militares implicados en abusos rindieran cuentas por sus acciones.
En mayo de 2016, a través de disposiciones incluidas en un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales y en reformas al Código de Justicia Militar, se otorgaron amplias facultades a fiscales y jueces militares para allanar viviendas y edificios públicos e intervenir telecomunicaciones privadas, sin una orden judicial emitida por la justicia penal ordinaria.
En junio de 2016, la CNDH objetó la constitucionalidad de estas disposiciones. A la fecha de redacción de este documento, la Suprema Corte de Justicia todavía no se había pronunciado sobre esta cuestión.
En el caso de Tlatlaya, donde 22 civiles murieron a manos de soldados en 2014, y según testigos y la CNDH, 12 de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente, nadie ha sido condenado.
En mayo de 2016, un tribunal federal penal ordinario absolvió al último de ocho soldados imputados por homicidio. Sin embargo, en julio de 2017, un juez dispuso que la PGR investigara el caso en profundidad, incluida la responsabilidad de mandos militares y la manipulación de la escena del crimen. La PGR apeló la sentencia. A la fecha de la redacción del informe de HRW, la apelación se encontraba pendiente, denunció.
