(22 de enero, 2020. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante el último mes de 2018 y noviembre de 2019, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 17 defensores de Derechos Humanos, de acuerdo a un informe emitido por el Comité Cerezo, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO.
Dicho documento es el resultado de la documentación de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos en México que, de manera ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo México durante el 01 de diciembre de 2018 y 30 de noviembre de 2019.
La cifra anterior corresponde a los casos que cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial:
Fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y
Los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia.
Los estados de la República mexicana que concentran la mitad de todas las ejecuciones extrajudiciales del primer año de gobierno de AMLO son Chiapas y Oaxaca, con 5 y 4
ejecuciones extrajudiciales respectivamente, los estados de Veracruz y Guerrero tienen 2 casos cada uno y un solo caso en los estados de Morelos, Hidalgo, Estado de México y Baja California Sur.
De estos estados Chiapas y Veracruz tiene un gobierno estatal emanado de MORENA, en Oaxaca y Guerrero gobierna el PRI. No es casualidad que los estados históricamente más reprimidos políticamente en los años anteriores, sean los mismos donde la ejecución extrajudicial sigue siendo mayor, con la excepción en este caso de Veracruz.
El Comité señala que, los derechos que defendían los DDH víctimas de ejecución se refieren a la defensa del territorio, en este rubro están el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio, así como luchar en contra de megaproyectos que afectan la vida digna de las comunidades en resistencia, como en los últimos años este tipo de defensores de DH son los más agredidos, en este caso son 6 las víctimas de una ejecución extrajudicial.
“Los que agrupamos en la defensa del derecho a una vida digna, son defensores que pertenecen a organizaciones sociales que llevan muchos casos y defienden muchos derechos humanos, en este informe pudimos documentar 4 casos, en cuanto a periodistas, tenemos tres casos al igual que defensores que defendían el derecho a defender derechos humanos, en un caso la víctima era un familiar de una víctima de violación a los DH, la ejecución extrajudicial se realizó para que el defensor dejará de buscar justicia”.
En cuanto al porcentaje de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos por sexo, en este periodo en el caso de mujeres representan un 12%, con
2 víctimas, mientras que el resto, 15 víctimas hombres, representan el 88% restante.
El 47% de las víctimas (8 casos) de ejecución extrajudicial fueron personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, el 41% son personas mestizas (7 casos) y en 2 casos no pudimos determinar con base en la investigación su pertenencia o no a un pueblo indígena.
Cabe resaltar que el número de víctimas de ejecución extrajudicial que pertenecen a un pueblo
indígena siempre ha representado un porcentaje elevado, proporcional al número de habitantes indígenas con respecto a la población en general en México, en esta ocasión representa el 59%.
“La práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a
la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto incluso, la cifra es menor desde el año 2011, aunque supera la cifra de los cuatro primeros años del periodo presidencial de Felipe Calderón que fueron 3 casos en 2007; 6 casos en 2008; 4 casos en 2009; y 11 casos en 2010.
“El declarado fin del neoliberalismo y de la persecución política en México exige crear una Ley
General que también proteja el derecho a defender los derechos humanos y prevenga,
proteja, investigue y repare el daño de las personas defensoras de derechos humanos
agredidos por su labor de defensa de los derechos humanos”, explica el Comité.
Las cifras y las acciones judiciales en contra de los perpetradores en el nuevo gobierno nos indican que efectivamente, desde el Gobierno Federal hemos documentado una disminución de la política de represión en contra de defensores de derechos humanos, por lo menos, en los casos de ejecuciones extrajudiciales, se menciona.
“Por último, debemos hacer notar que hubo una disminución de las ejecuciones extrajudiciales
respecto a cada año del sexenio de EPN, aunque la violencia que genera los homicidios en contra de la población en general en México se mantiene de manera generalizada en todo el país”.
