Desde la llegada de “El Bronco” militarización en NL provoca aumento en detenciones arbitrarias y tortura

(24 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2014, el Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch, declararon que la militarización en México ha provocado “muchas y graves violaciones a derechos humanos”, por lo que exhortaron al Estado a retirar a los militares de las calles.

Dicha recomendación no fue tomada en cuenta por el gobierno, e incluso en distintas entidades del país, la militarización de la seguridad pública se intensificó, dando como resultado, basado en casos llevados por distintas organizaciones no gubernamentales, violaciones a las garantías individuales y derechos humanos, como es el caso de Nuevo León.

En dicha entidad la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), ha visto desde aquel año con gran preocupación que el Gobierno de Nuevo León designara en su mayoría a militares en puestos claves de la seguridad pública del estado, “ya que constituye una completa indiferencia a las sugerencias que organismos internacionales y locales le han hecho al gobierno federal y local, en el sentido de que las funciones de seguridad pública no deben tener ningún tinte militar”.

Como ejemplos citaron la  designación del General Brigadier Tomás Reyes Rodríguez como Comisario General de Fuerza Civil, así como al Capitán retirado Juan Carlos Campos como el segundo al mando, se suman al nombramiento del General Cuauhtémoc Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, así como del Contralmirante Augusto Cruz Morales como director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Designaciones que, según explicaron, contravienen diversas recomendaciones internacionales en cuanto a seguridad ciudadana y derechos humanos. Sin embargo dichos pronunciamientos, a la llegada de Jaime Rodríguez Calderón, como gobernador de Nuevo León. Aseverando que Rodríguez Calderón tomó los señalamientos con indiferencia.

“Desde años atrás hemos venido manifestando que no estamos de acuerdo con la militarización, porque evidentemente las actuaciones de los militares en materia de seguridad pública es totalmente distinta al momento de procurar la justicia y perseguir delitos, porque los elementos tienen una formación totalmente distinta.

Lo que hemos percibido a partir de los casos que recibimos en esta organización es que han ido en aumento los hechos donde se presentan los abusos de autoridad y violación a derechos humanos por parte del ejército”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, Ana Claudia Martínez, directora ejecutiva de CADHAC.

Señalando que las principales violaciones a derechos humanos en contra de la ciudadanía son las detenciones arbitrarias y la tortura. “Esto producto de la formación militar, totalmente distinta a la de las policías, por lo que actúan bajo ciertos estándares y órdenes distintos”, lo que provoca que los resultados sean contraproducentes, explica la también abogada.

En Nuevo León, dichas acciones en contra de los derechos humanos ya han sido reconocidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), órgano que ha aportado recomendaciones, las cuales también han sido omitidas por las autoridades estatales y federales.

“La militarización de la seguridad pública en Nuevo León sigue en aumento y esta tendencia nos parece bastante preocupante, pues como lo hemos advertido en repetidas ocasiones, pone en riesgo a la población civil de sufrir violaciones a sus derechos humanos”, externa Cadhac.

Al mismo tiempo expresan su preocupación porque en días pasados se dio un nuevo nombramiento, el del Mayor Antonio Lucas Martínez, quien será el coordinador de Policía y Tránsito en el municipio de San Pedro, acción que no viene sola, puesto que el alcalde de dicha región, Mauricio Fernández, anunció también un replanteamiento de la seguridad que incluye la incorporación tres pelotones compuestos por 30 elementos del Ejército que “atacarán” delitos del fuero federal en San Pedro.

Desde la segunda mitad de 2015, la organización se percató de un incremento considerable de militares en puestos de seguridad pública a nivel estatal y de los municipios. Teniendo a nivel estatal 5 funcionarios con carrera militar: General Cuauhtémoc Antúnez Pérez (titular de la Secretaría de Seguridad Pública), General Brigadier Tomás Reyes Rodríguez (Comisario General de Fuerza Civil), Capitán Juan Carlos Campos (Segundo al mando de Fuerza Civil), Contralmirante Augusto Cruz Morales (Director de la Agencia Estatal de Investigaciones) y Capitán Pedro Muñoz Chícharo (Subdirector operativo del Penal del Topo Chico). “Es decir, prácticamente la seguridad del Estado de Nuevo León hoy está en manos del Ejército”.

A esto se suman siete municipios que conforman la zona metropolitana de Monterrey, donde son exclusivamente militares quienes tienen a su cargo la seguridad pública, tales como: Apodaca, Escobedo, Juárez, Santiago, San Nicolás, San Pedro Garza García y Santa Catarina.

Sumándose la llegada de la Policía Militar a Nuevo León y la colocación de filtros con fuerzas federales. “Las detenciones sin orden de aprehensión son comunes, los militares normalmente no actúan por mandato de un juez, ese es el problema principal, además que encontremos militares en cada cuadra y que pasen frente a ti convoys enormes definitivamente impone y pareciera que se busca presentar una imagen de intimidación.

Hasta el momento consideramos difícil tener un diálogo con las autoridades estatales para analizar la militarización de la seguridad pública, porque ya es una decisión clara y contundente, la cual está apoyada por distintas autoridades como los presidentes municipales y nos parece difícil que puede existir un diálogo en el que las autoridades propongan un panorama diferente, cuando ya está tomada la decisión”, comenta Claudia Martínez.

Quien enfatiza que los métodos de detención de los militares afecta a la sociedad, en cuando a las formas en que se lleva a cabo el proceso y las investigaciones de los casos. La problemática aumenta, a decir por la especialista, con las modificaciones al código militar. “Estamos sumamente preocupados con la nueva reforma al código militar, consideramos que puede ser inconstitucional.

Porque en la actualidad ya se hacen cateos ilegales por parte de militares, ahora que está en la ley incluso no sabes qué va a suceder en los procesos judiciales, si las pruebas que se aporten tomadas a partir de éstos actos que realizarán los militares a los particulares se van a tomar o no en cuenta para dichos procesos y los resultados que se obtendrán, es una reforma preocupante”, comenta Martínez.

En tanto, “nosotros vemos la militarización de la seguridad pública al alza porque ahí están los nombramientos”, antes que llegará al poder Rodríguez Calderón, asevera Martínez, “sí había militares en ciertos puestos de seguridad, pero se movían no eran todos militares, pero ahora incluso tenemos a un militar en la agencia estatal de investigaciones, la institución por excelencia de investigación de los delitos y también los tenemos en centros penitenciarios.

Ya no hay un espacio de seguridad pública o seguridad ciudadana que es a lo que nosotros buscamos y consideramos es lo más viable, hoy todo es instrucción militarizada, y todos estos puestos están ocupados por gente que tiene la formación militar”.

La organización cree urgente que en Nuevo León se realice la transición de seguridad pública a seguridad ciudadana, si se quiere realmente realizar un cambio que reduzca los índices de inseguridad y se reconstruya el tejido social.