(14 de junio, 2014).- Luego de que organizaciones sociales indicaran que el Estado podrá obligar a que los dueños de tierras, renten éstas a empresas petroleras o, en su caso, se les expropie a favor de las mismas de acuerdo a la , el despojo se extendió del mismo modo para la producción y comercialización eléctrica.
En el proyecto de dictamen genera una nueva ley para el sector eléctrico donde se da un plazo de 10 días para la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por las empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para generar y comercializar electricidad, en caso de que no hayan llegado a un acuerdo sobre la indemnización respectiva.
Esta medida se suma a la iniciativa de Ley de Hidrocarburos donde en su artículo 91 establece que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos es de interés social y orden público, es decir, que se obliga a la renta de terrenos o en caso contrario se podrá expropiar en favor de dichas empresas.
La expropiación de tierras y propiedades en materia eléctrica, no fue considerada por Enrique Peña Nieto en su iniciativa enviada al Senado, fue en éste último donde se modificó para ser insertado en el capítulo VII título segundo, donde se autoriza a las transnacionales eléctricas a negociar con los dueños de los predios la contraprestación que les deberán pagar por rentar o comprar los terrenos donde construirán instalaciones respecto a la materia.
Sin embargo, el valor de los terrenos deberá acordarse con un organismo oficial, no con propietarios.
La Ley de la Industria Eléctrica dada a conocer por los presidentes de las comisiones de Energía –David Penchyna- y de Estudios Legislativos Primera -Raúl Gracia-, mantiene como áreas estratégicas la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional y la transmisión y distribución de energía eléctrica, las demás actividades de la industria, como generación y comercialización quedarán abiertas a la participación de terceros.
Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se verá disminuida en sus funciones y desplazada en la rectoría del sector por el Centro Nacional de Control de Energía, mismo que deberá ser creado por decreto presidencial a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la nueva Ley de la Industria Eléctrica.
El organismo, a decir de la iniciativa de Ley, garantizará que la energía suministrada al sistema y a los usuarios sea siempre la que provenga de las fuentes más económicas y a su vez garantizará el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red de transmisión y redes generales de distribución.
Es el artículo cuarto transitorio el cual establece que la Comisión Federal de Electricidad deberá realizar la separación contable, operativa, funcional y legal a cada una de las actividades que lleva a cabo hasta el momento, tales como la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.
“La separación señalada en este artículo se realizará con el presupuesto autorizado de la Comisión Federal de Electricidad. El proceso se realizará con la participación que corresponda al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes”, señala.
Además, es en este proyecto de Ley en donde se establece que México podrá importar energía eléctrica “y productos asociados” incluso sin usar la red de transmisión de la CFE, no obstante propone multas de hasta 13 millones de pesos a quien robe o comercialice ilegalmente la energía eléctrica.
