Por Hernán Garza y Javier Jileta*
Durante años, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue presentado como el “superregulador” independiente que vigilaría que las grandes empresas de telecomunicaciones —América Móvil, Televisa, AT&T— jugaran limpio. Sin embargo, el balance es claro: ese modelo fracasó. En lugar de empujar una competencia auténtica, el IFT fue progresivamente capturado por los intereses que debía regular. Y lo que se prometía como un árbitro técnico y autónomo terminó por convertirse en un gestor de privilegios para los gigantes del sector.
Hoy, con la reforma que eliminó tanto al IFT como a la COFECE, el debate ya no puede quedarse en sí era deseable o no desaparecer a estos organismos. La discusión de fondo es cómo construir un nuevo marco institucional que garantice calidad en los servicios, cobertura universal, soberanía digital y verdadera competencia económica, sin repetir los errores del pasado.
El nuevo diseño propuesto abre una oportunidad para repensar el papel del Estado frente a los monopolios del siglo XXI. Por un lado, la Agencia de Transformación Digital deberá garantizar que las telecomunicaciones no solo lleguen a todos los rincones del país, sino que lo hagan con calidad y con visión de futuro: redes de fibra óptica, infraestructura 5G, servicios públicos conectados, y tecnologías que cierren la brecha digital entre el norte y el sur del país. Pero para que eso funcione, el nuevo diseño institucional debe blindarse frente al cabildeo empresarial y al clientelismo burocrático. La competencia económica no puede seguir siendo simulada. No puede seguir habiendo tarifas altas, velocidades bajas y cobertura desigual mientras unos pocos reparten dividendos multimillonarios.
Este es un debate profundamente político. ¿Debe el Estado recuperar la rectoría sobre sectores estratégicos? ¿Quién defiende el interés público frente al poder corporativo? ¿Puede la ciudadanía confiar en que los órganos nuevos no repitan el modelo fallido del IFT?
La desaparición del IFT no debe ser leída como un retroceso institucional, sino como un punto de inflexión. México tiene hoy la oportunidad de construir un nuevo pacto digital que supere tanto la simulación regulatoria como la captura corporativa. Esto no se trata de volver al pasado ni de improvisar desde cero, sino de diseñar una arquitectura funcional, con capacidad técnica, legitimidad democrática y visión territorial. Es momento de entender que sin conectividad de calidad, no hay acceso real a la educación, a la salud ni a la productividad. Por tanto, el acceso a telecomunicaciones debe asumirse como política de Estado, no como negocio concesionado.
La reforma no debería centrarse en nostálgicos del viejo “equilibrio de poderes”, sino en cómo construir un Estado eficaz, transparente y con capacidad de regular a los verdaderos poderes fácticos del presente. Si no se garantiza la separación real entre quienes regulan y quiénes son regulados, cualquier diseño institucional —viejo o nuevo— está condenado al fracaso. El modelo de “superregulador autónomo” que representó el IFT ha sido desmantelado, no sin razón: terminó capturado por los intereses que debía vigilar.[1]
Ahora, la tarea pendiente no es defender instituciones que fracasaron, sino exigir que la nueva arquitectura institucional responda a las necesidades reales del país, no a los caprichos de los grandes consorcios.
Los temas más urgentes para millones de mexicanas y mexicanos son claros:
- Reducir los altísimos costos del servicio de datos móviles, que colocan a México entre los países más caros de la región en relación con el ingreso promedio.
- Llevar cobertura de calidad a zonas rurales, marginadas o con baja densidad poblacional, donde aún hoy persiste una brecha digital que margina a millones.
- Asegurar la transición efectiva a nuevas tecnologías, como el despliegue de redes 5G, la expansión de fibra óptica y la implementación de servicios digitales como una herramienta clave para la transformación del gobierno mexicano, con un enfoque en la autonomía tecnológica, la inclusión social, la eficiencia administrativa y la seguridad de datos.
Estos objetivos no se lograrán por inercia. Requieren un Estado con capacidad técnica, visión estratégica y, sobre todo, voluntad política para poner límites al poder corporativo. La propuesta de ley presentada por la ATDT ya está siendo discutida en el Congreso. Esta es la oportunidad para poner sobre la mesa compromisos concretos: tarifas máximas razonables, metas verificables de cobertura social, obligaciones de inversión tecnológica y sanciones reales ante incumplimientos. No basta con cambiar de institución; hay que cambiar el enfoque.
Este no es un debate técnico ni burocrático: es una discusión sobre el tipo de país que queremos. Para avanzar, necesitamos cambiar la pregunta: no quién regula, sino para quién se regula. La próxima etapa debe estar guiada por el principio de que la tecnología no es neutra: o democratiza el país o lo segmenta aún más. El reto no es sólo técnico, es de conducción nacional. ¿Seremos capaces de crear instituciones que respondan a las y los mexicanos, y no a los intereses de cúpulas? La clave no está en la centralización o descentralización per se, sino en generar mecanismos verificables, transparentes y participativos que garanticen que el poder digital sirva a la justicia social, al desarrollo regional y a una ciudadanía con derechos plenos.
