De acuerdo con información de El Universal, autoridades federales investigan un presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos de los recursos que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tenía destinados a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
Este desvío es investigado por la Policía Federal y las conclusiones fueron entregadas al Órgano Interno de Control (OIC) del GACM, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se encuentra involucrado el ex director General de Obra del NAIM, Raúl González Apaolaza, y Carlos Noriega, ex director General de Administración de GACM, además de que se pide investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño como director General del GACM.
Un informe rendido por la Policía Federal derivado de una investigación iniciada por el OIC en enero de 2018 por el ex director del GACM, Federico Patiño, explica que se realizaron diversas diligencias para indagar sobre la posible comisión de delitos en la construcción del NAIM a través de la compra de materiales de construcción como tezontle y basalto, sin contratos previos a empresas y sindicatos vinculados principalmente con González Apaolaza que no cumplieron con las normas de calidad requeridas para la obra.
Patiño declaró para El Universal que él no ordenó la investigación, pero que sí recibió un documento no firmado, mismo que decidió enviar al OIC de grupo aeroportuario.
“Fue todo lo que yo hice y es todo lo que puedo decirle porque yo no ordené absolutamente nada, mi particular lo envió al Órgano Interno de Control por instrucciones mías [para] que se hiciera la investigación y el análisis que correspondía”, dijo.
La autenticidad del documento fue verificada en la propia Policía Federal y el informe señala que sindicatos y empresas supuestamente controladas por por González Apaolaza resultaron beneficiadas por un monto superior a 17 mil 500 millones mediante el monopolio de viajes de carga, y la compra al grado que de acuerdo a los trabajadores su ingreso en el terreno sólo ocurría con previa autorización del sindicato y mediante el pago de un porcentaje.
“Sobre los precios pagados a las minas, versus en el mercado mayoreo y menudeo, por el volumen estimado en 8 millones de metros cúbicos que ingresaron, [las compras] no se dieron en las mejores condiciones disponibles, en cuanto precio, calidad y financiamiento”.
En este contexto se señala que deliberadamente no se contrató la operación del tren de Ferromex que se encuentra en la parte trasera del polígono y el equipo transportador de material instalado, conociendo que el volumen del material que ingresaría a la obra y de los centros de acopio que hay cerca de las minas,ya que este medio de transporte hubiese reducido considerablemente el costo del transporte de los materiales, así como los tiempos de entrega.
“Prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle por transportarlo”, pues el precio pasó de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos, mientras que el basalto llegó a los 300 pesos, ambas cantidades multiplicadas por los 8 mil metros cúbicos de la superficie” indican las fuentes de la publicación realizada por el diario.
Con base a la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la compra de material de construcción se calculó para una superficie total de 35 mil 448 millones de metros cúbicos, lo que implica un pago de más de 17 mil 724 millones de pesos de tezontle a 200 pesos el metro cúbico, y basalto, a 300 pesos el metro cúbico.
En 2017, la Auditoría Superior de la Federación documentó que en nivelación, limpieza del terreno y construcción de caminos provisionales de acceso se autorizaron pagos por 3 mil 603 millones 200 mil pesos entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, sólo por el suministro y la colocación de 392 mil 570.42 metros cúbicos de tezontle.
La Policía Federal señala que estas acciones denotan una acción concentrada entre funcionarios y sindicatos para crean un monopolio de transportes de los materiales con precios que ellos establecieron y mediante el uso de sus camiones.
La investigación concluye que, en la revisión en las declaraciones patrimoniales de ex funcionarios de GACM se detectaron omisiones y adquisiciones que no coinciden con la realidad. Se señala que Apaolaza incurrió en conflicto de interés al no declarar que es miembro del Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITRAM), cuyo líder es Máximo Telmo Reyes Vilchis, al igual que Humberto Pérez Piedra, coordinador de GACM.
Estas organizaciones de acuerdo al documento, son las que controlaba la venta de material de construcción y su transporte al interior del terreno en el que se construiría el NAIM.
Gonzálaez Apaloaza declaró por su parte que tiene conocimiento de la existencia de un documento de la Policía Federal pero el fondo no corresponde a la investigación y señala que esto fue el 30 de noviembre, pues el día primero hubo cambio de funcionarios y se quedó “al aire todo”.
“Yo platiqué con [Gerardo] Ferrando Bravo y él me dijo que lo enviaría al Órgano Interno de Control la primera semana de noviembre. Expliqué con documentos cómo se maneja lo del transporte, el responsable del sindicato por parte de grupo aeroportuario, quién es el titular del sindicato y que yo no tengo el manejo de [éste]”. Explicó que el responsable del manejo sindical es la Dirección Corporativa Jurídica y no él, negó pertenecer al SITRAM.” explicó.
De esta forma declaró que hay una confusión porque en años anteriores perteneció a otro sindicato,pero se dio de baja al obtener el nombramiento en Grupo Aeroportuario. Sobre la relación con Reyes Vilchis, dijo que lo conoce porque hace 50 años jugaron futbol americano en el Instituto Politécnico Nacional.
Por otra parte, debido a que Carlos Noriega Romero fue director General de Administración del GACM, relevado por haber rentado oficinas en Altavista y Periférico Sur por medio millón de pesos al mes, la Policía Federal revisó sus declaraciones patrimoniales en las que detectó que adquirió a crédito una propiedad de 4 millones 920 mil pesos.
Esta compra fue realizada cuando Noriega Romero era subdirector General de Planeación del Infonavit, por lo que concluye que sus finanzas y las de González Apaolaza deben ser auditadas.
En esta investigación, surgió también el nombre del ex director del GACM, Manuel Ángel Soto, que aunque no le correspondió conocer la construcción del NAIM, la PF detectó que no declaró ser propietario de Desarrolladora Corteq, S. A. de C. V. y Almahandm Desarrolladora de Vivienda, empresas que aparecen como parte del Corporativo Grupo Lomax, del empresario Alberto Manuel Díaz de la Riva, consorcio que, según la investigación de la Policía Federal, no existe.
El Universal entrevistó a Nuñez Soto y este negó conocer la empresa Corteq o participar en ella, pero admitió su participación en Almahandm, a través de la cual, dijo, se han construido casas de interés social en complejos del estado de Hidalgo.
En 2005, Nuñez Soto adquirió un inmueble localizado en la colonia San Ángel Inn, en la Ciudad de México, por el que pagó de contado 9 mil 750 millones de pesos con una superficie de mil 100 metros cuadrados, “que no coincide con la realidad ni con su precio en esa zona”. Por esta razón, la Policía Federal concluyó que los bienes de Núñez Soto deben ser auditados.
Según Núñez Soto el predio al que se refiere la Policía Federal se trata de su domicilio particular, mismo que tuvo un costo de 9 millones 750 mil pesos, y no 9 mil millones.
CCCA.
