El Comité de Trabajo de la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio un duro revés al gobierno del estado de Puebla, tras concluir que la detención de Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, fundador y líder principal de la UPVA “28 de Octubre”, fue arbitraria y sufrió persecución política desatada por el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Por lo que exigió al gobierno la indemnización y reparación del daño, de conformidad con el Derecho Internacional. El dictamen de la ONU es una resolución histórica para el estado de Puebla, al ser la primera que se da en su tipo y a favor de un luchador social de la trascendencia de Simitrio y la “28 de Octubre”.
Lo anterior lo dio a conocer Rubén Sarabia Sánchez y su compañera de lucha Rita Amador López, los abogados Samuel Porras Rugerio, Fernando Cholula y Tonatiuh Sarabia Amador, quienes ofrecieron una rueda de prensa en la casa del dirigente social, donde permanece desde marzo pasado en prisión domiciliaria.
La defensa legal determinó que en el resolutivo de la ONU con número 65/2017 se destacan dos cosas: la persecución hacia Simitrio por sus actividades políticas, y el uso de la prisión preventiva como método de control político, que para los efectos es incluso más grave que una propia sentencia.
El abogado Samuel Porras dijo que “la privación de la libertad de Simitrio es contrario a los artículos 9, 14 y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y es arbitraria en las categorías uno y cinco, como confirmó el mismo organismo internacional”.
A pesar de violentar sus derechos y haber ganado cinco amparos, donde se confirma que no existen elementos legales que lo mantenga en prisión, informó que “no se ha emitido la boleta de liberación en el proceso 113/89, incluso cuando Simitrio ya cumplió la condena desde el pasado 10 de enero de 2015”.
En la rueda de prensa, Samuel Porras dio lectura al punto 47 del resolutivo emitido por el Comité de Trabajo de la ONU, donde dice textualmente: “el señor Sarabia Sánchez fue objeto de persecución en el estado de Puebla por sus actividades políticas, incluido su role en el sindicato –como el organismo internacional reconoce a los agremiados de la “28 de Octubre-”.
Esa es la razón del acoso judicial constante, empeorado por la revocación de la libertad condicional unas semanas antes de que su sentencia de 25 años estuviese a punto de caducar”.
Agregó que la ONU está preocupada “por la estrategia con intereses políticos de una querella en el caso que se relaciona con el gobernador del estado de Puebla, que en ese tiempo era el panista Rafael Moreno Valle.
La persecución de un individuo de esa manera es una práctica discriminatoria que viola el artículo 26 del Pacto y, como consecuencia, hacen que el arresto y la detención de diciembre de 2014 hayan sido arbitrarios bajo la categoría cinco”, determinó.
