Durante el arranque de 2026, las finanzas públicas de México reflejaron un desempeño por encima de lo previsto, impulsado por mayores ingresos y un control sostenido del gasto. En este contexto, la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 49.8% al cierre del primer bimestre, un nivel que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se mantiene competitivo frente a otras economías emergentes de América Latina.
Este indicador, considerado clave para evaluar la salud fiscal de un país, muestra la continuidad de una política de manejo responsable de la deuda. La estrategia ha privilegiado instrumentos en moneda nacional, tasas fijas y plazos largos, lo que reduce riesgos asociados a variaciones cambiarias o presiones por refinanciamiento en el corto plazo.
En paralelo, el costo financiero de la deuda registró una disminución en términos reales, favorecido por factores como la apreciación del tipo de cambio y ajustes en la política fiscal. Este comportamiento ha permitido liberar presión sobre las finanzas públicas y fortalecer el margen de maniobra del gobierno federal.
Por el lado de los ingresos, la recaudación tributaria mantuvo una tendencia positiva, con incrementos en rubros como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mostró una contracción influida por factores externos como el tipo de cambio. Aun así, el balance general refleja una base fiscal sólida.
El gasto público, por su parte, continuó orientándose hacia áreas prioritarias como salud, educación y protección social, con aumentos significativos en estos sectores. De manera complementaria, organismos como Pemex, el IMSS y el ISSSTE reportaron ligeros avances en sus ingresos, contribuyendo al resultado global.
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