Hace cuatro años, el Congreso de la Unión reconoció oficialmente el 17 de julio como el Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente. En este día no sólo se conmemora una lucha, también se exige justicia frente a la violencia, el despojo y la impunidad que enfrentan quienes protegen la vida de la destrucción en múltiples regiones del país, usualmente ligadas con intereses empresariales.
Si bien hasta el momento no se ha logrado establecer una relación directa entre los homicidios de personas defensoras y los intereses empresariales, la organización Global Witness determinó en 2024 que la minería es el mayor móvil industrial que ha costado la vida de personas defensoras en todo el mundo.
En datos, se estimó que 25 personas defensoras fueron asesinadas tras oponerse a operaciones mineras en 2023. Otros sectores involucrados fueron la pesca, la explotación forestal, la agroindustria, las carreteras e infraestructuras y la energía hidroeléctrica.
América Latina es una de las regiones más golpeadas por el extractivismo y la violencia. En total, 23 de los 25 asesinatos vinculados a la minería en todo el mundo el año pasado ocurrieron en América Latina, seguidos por Asia, continente que concentra más del 40 por ciento de todos los asesinatos relacionados con esta industria entre 2012 y 2023.
Ambas regiones cuentan con importantes reservas naturales de los principales minerales críticos para las tecnologías energéticas limpias.
Además del número de homicidios a escala mundial, el informe de Global Witnees desveló las tendencias más generales de las agresiones sin consecuencias mortales y los efectos dañinos que estas tienen en las comunidades de todo el mundo.
Destacan casos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales, así como el uso generalizado de la criminalización para silenciar a personas activistas en todo el mundo.
En el caso de México, se suma el avance del crimen organizado en múltiples regiones del país, donde ejerce control violento sobre territorios y recursos.
La tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies, la apropiación de tierras y el despojo violento de comunidades en países como México y Colombia, están fuertemente ligadas al narcotráfico y las economías criminales, generando escenarios de altísimo riesgo.
Si bien en México se han firmado pactos internacionales históricos, como el Acuerdo de Escazú y en 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impulsó una política de protección de los defensores ambientales, aun queda un largo camino para cambiar el panorama que enfrentan los defensores de los derechos humanos ambientales.
