Mientras la criminalización de la protesta social sea una política de Estado, el régimen seguirá profundizando la brecha que lo separa de las clases mayoritarias, sin posibilidad alguna de diálogo. Es muy difícil hablar con el verdugo cuando tiene el hacha a punto de descargar el golpe final. Es lo que está sucediendo actualmente en el país, como lo prueba el recrudecimiento de la violencia del régimen contra organizaciones populares que se atreven a reclamar el respeto a sus derechos.
Cada día crece el número de presos en diversas cárceles del país, a quienes se les inventan delitos como robo calificado, daños a terceros y hasta “secuestro” de policías, como es el caso de Nestora Salgado. En este sexenio, el paradigma de violencia del Estado lo tenemos en la animadversión del gobierno de Enrique Peña Nieto contra los estudiantes de las normales rurales y los maestros que se oponen a la supuesta reforma “educativa”.
Hay un total distanciamiento entre ambas partes, porque el régimen quiso imponer un nuevo sistema administrativo al magisterio, con el fin de controlarlo y reducirlo a la indefensión laboral, disfrazado de reforma “educativa”. Nunca se pensó en la necesidad de establecer puentes de comunicación con las bases del sector, sino que se quiso imponer la nueva política con base en la fuerza del Estado. El supuesto “éxito” de la mentada “reforma”, al asistir por la fuerza muchos de los profesores “evaluados”, es sólo una tregua que más temprano que tarde habrá de finalizar, porque lo conseguido es ficticio y producto del miedo al desempleo.
El encarcelamiento de 30 jóvenes normalistas detenidos el sábado 12 bajo la acusación de violar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, luego de ser aprehendidos en la caseta de peaje de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, Siglo21, es una demostración obvia de que el régimen no tiene una mínima voluntad para dialogar con quienes se oponen al abuso que significa cancelar el derecho de miles de estudiantes a defender, tanto la educación pública, gratuita y laica, así como las garantías individuales de los maestros, quienes tienen la obligación cívica de luchar por sus derechos laborales.
Entre los detenidos se encontraban 22 mujeres, quienes fueron dejadas en libertad el pasado martes, pero horas después fueron reaprehendidas para ser ingresadas en el penal de Mil Cumbres, en Michoacán. Los 30 hombres fueron remitidos a una cárcel de Hermosillo, Sonora. Con estas acciones represivas, lo único que logra el “gobierno” de Peña Nieto es demostrar una proclividad antidemocrática imposible de justificar.
La descomposición del régimen es manifiesta y con la criminalización de las protestas sociales, plenamente justificadas, lo único que se logra es acelerar un proceso que amenaza seriamente la escasa gobernabilidad que aún se mantiene, gracias tan sólo a la prudencia de las clases populares, aunque hay que reconocer que tal actitud deriva del temor a las consecuencias de una violencia incontrolable.
Sin embargo, es de tal magnitud la soberbia del régimen que no tiene límites para agredir a población indefensa, como está sucediendo con los migrantes que viajan por el territorio nacional para cruzar la frontera con Estados Unidos. No debe ser mera casualidad que dos empresas policiales privadas, una de ellas con sede en el estado de México, hayan sido contratadas para agredir a personas obligadas a emigrar. En conferencia de prensa, varios representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, denunciaron ocho homicidios atribuibles a elementos de esas empresas.
Pero como es común en este sexenio, funcionarios federales acusan de la violencia contra los migrantes al crimen organizado y al narcotráfico, como lo acaba de hacer el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo. Así lo sostuvo en un diálogo con diversas ONG realizado en la ciudad de Stuttgart, Alemania, donde fue ampliamente cuestionado por la situación prevaleciente en nuestro país en materia de derechos humanos.
De ahí que cuando venga el Papa Francisco a México, el próximo mes de febrero, habrá de encontrar un país polarizado donde el diálogo real y fecundo no tiene cabida. Por más que traten de ocultar esta dramática realidad, será imposible lograrlo. Tal situación salta a la vista, no sólo por la desigualdad lacerante, sino por las caras de amargura y preocupación de la mayoría de la gente, de lo que ya tiene noticias.
