(26 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El machismo y la discriminación son factores que provocan el feminicidio, pero también influye el factor jurídico; a nivel nacional existe una ginopia generalizada por parte de las autoridades, quienes se niegan a reconocer las experiencias de las mujeres ante la violencia sistemática y estructural que sufren, lo que trae consigo la imposición de ‘soluciones’, producto de un burdo diagnostico en el cual, paradójicamente la mujer no es tomada en cuenta, explica la activista social, miembro de la organización Iniciativas Feministas, Selene Domínguez.
Los primeros vislumbres de una posible tipificación del feminicidio, fue en el caso de la sentencia de Campo Algodonero, pero fue hasta 2011 cuando se comienza a concretar este hecho como un delito autónomo en los estados, sin que esto signifique un avance en la solución o control de la problemática.
Según un reporte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 30 estados a los que se les solicitó información, vía portal de Transparencia, sobre los feminicidios ocurridos durante el periodo de enero de 2012 a diciembre de 2013, y sus características principales, sólo 17 Procuradurías proporcionaron datos parciales sobre los feminicidios cometidos en dicho periodo.
Siendo los únicos que otorgaron datos: Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.
Domínguez asegura que “la tipificación del feminicidio ayuda a visibilizar la violencia machista, pero por desgracia la impartición de justicia no tiene perspectiva de género, lo cual redunda en que muchos feminicidios pasan inadvertidos o los expedientes judiciales están integrados de tal forma que con argucias legales es posible reclasificar el delito a uno menor, permitiendo que los culpables de feminicidios salgan libres”.
Asimismo, afirma que la pena máxima nunca se ha aplicado, aunque aumentar ésta tampoco colaborará en disminuir el índice de feminicidios. Reiterando que, si bien es cierto que las leyes de alguna manera ‘castigan’ la violencia, se necesita que estén acompañadas de procesos formativos que ayuden a educar a la población en el respeto a los derechos humanos, en este caso, hacia las féminas.
El OCNF ha comprobado que tan sólo en 14 estados es posible acreditar el delito de feminicidio, ya que el resto incorpora tipos penales subjetivos o adicionales a los que establece la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), esta acción jurídica ha traído como consecuencias, según el OCNF, que de poco más de 4 mil asesinatos de mujeres entre 2012 y 2013, sólo 613 hayan sido investigados como casos de feminicidio.
Lo anterior ha provocado que a nivel nacional cada día 5 mujeres sean asesinadas. “De ninguna manera existe voluntad política por parte del gobierno, no se duda que no mantenga dentro de sus temas pendientes la problemática del feminicidio, pero no existen acciones concretas. No existe un avance en el tema, ni contribuye realmente a erradicar esta violencia. Necesitamos investigaciones con visión de género y avanzar, pero la autoridad ni siquiera acepta que haya una alerta de género en ningún sitio y esto propicia que en el país sigan aumentando de forma desbordante los feminicidios”, asegura María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio.
“La alerta de género a nivel nacional ayudaría a crear justicia para las víctimas de feminicidio y para que las víctimas indirectas (familiares) reciban la atención adecuada después de haber padecido el delito. El mecanismo de alertar juega un papel de suma importancia, ya que tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres y reconoce que existe un patrón de violencia sistemático hacia nosotras”, comenta Domínguez.
Estados como Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Querétaro, encabezan la lista de entidades con mayor numero de feminicidios. Sin embargo, según Estrada, el Estado de México hoy representa la mayor preocupación por el número de muertes y por ‘el gran desinterés por parte de las autoridades’, quienes no mantienen un plan para detener el grave problema.
Es así como después de documentar la problemática de feminicidios y violencia feminicida en el Estado de México, se identificó un patrón sistemático de violencia contra las mujeres, generado por la falta de investigación, juzgamiento y sanción por el sistema de administración de justicia de la entidad, explica Estrada.
Desde el inicio de la gubernatura de Enrique Peña Nieto los casos de feminicidio se han incrementado escandalosamente. Concentrándose el 54 % en diez municipios del Estado de México:
1 Ecatepec de Morelos con 118 casos,
2 Netzahualcóyotl con 71 casos,
3 Tlalnepantla de Baz con 53 casos,
4 Toluca con 45 casos,
5 Chimalhuacán con 42 casos,
6 Naucalpan de Juárez con 40 casos,
7 Tultitlán con 35 casos,
8 Ixtapaluca con 31 casos,
9 Valle de Chalco con 30 casos; y
10 Cuautitlán Izcalli con 25 casos.
Nuevo León también es un foco rojo a nivel nacional, ya que en 2 años crecieron 698 % las cifras de feminicidios, según la ONG Arthemisas por la Equidad.
Según el OCNF, del total de pesquisas por feminicidio en México, 46 % de las muertes fueron provocadas por actos violentos (golpes, heridas punzocortantes, incendio o asfixia), y 16 % con armas de fuego, estás últimas en estados del norte, donde existe mayor presencia de narcotráfico.
En el 80 % de los casos se desconoce quién fue el agresor, una cuarta parte el cuerpo de las víctimas fue expuesto a la vía pública, y aproximadamente el 50 % de las mujeres tenían entre 21 y 40 años de edad. Dichos datos se basaron en una investigación de ONG’s debido a que las autoridades competentes o carecen de dicha información o se negaron a entregarla.
La recomendación del OCNF en los últimos años ha sido homologar el tipo penal de feminicidio en todas las entidades del país, que todos los estados implementen protocolos de investigación sin dejar de generar mecanismos efectivos y eficaces para identificar la discriminación por parte del personal judicial, quienes en muchas ocasiones revictimizan a quienes denuncian actos de violencia o permiten el machismo dentro del sistema jurídico, sin embargo a decir por el Observatorio, dichos señalamientos son justamente los que se repiten a lo largo y ancho de la República de forma constante.
