La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria acumulada de hasta 321 años de prisión en contra de cuatro personas, tras demostrarse su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada (con hipótesis de secuestro), secuestro en agravio de cuatro víctimas y portación de arma de fuego sin licencia.
El proceso fue llevado a cabo por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, a través del agente del Ministerio Público Federal (MPF).
De acuerdo con la resolución del juez federal, Pedro Medina Chávez fue ondenado a 213 años de prisión y al pago de una multa de un millón 515 mil 945 pesos. Actulamente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 “CPS-Chiapas”, ubicado en Villa Comaltitlán.
Por su parte, Karla Fernanda Rangel Ruíz, alias “Fer”, y María Lourdes Martínez Hernández, alias “Lula” recibieron una condena de 129 años de prisión y una multa individual de 680 mil 642 pesos. Se encuentran internas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 “CPS Femenil Morelos”, en Coatlán del Río.
Finalmente, Alejandro Zúñiga Escoto, alias “Alex” fue entenciado a 81 años de prisión y una multa de 428 mil 976 pesos. Cumple su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 “Noroeste”, con sede en Tepic, Nayarit.
Las investigaciones ministeriales señalaron que este grupo delictivo operó principalmente entre los años 2014 y 2015, teniendo como zona de influencia el entonces Distrito Federal y el Estado de México, periodo en el que se les atribuyó el secuestro de al menos cuatro personas.
La desarticulación de la banda ocurrió en abril de 2015, cuando elementos de la extinta Policía Federal implementaron un operativo en las inmediaciones del municipio de San Vicente Chicoloapan, Estado de México.
Durante dicha acción coordinada, los agentes federales lograron el aseguramiento de los hoy sentenciados y el rescate exitoso de una de las víctimas. Con este fallo judicial, la FGR concluye un proceso penal clave contra la criminalidad organizada en la región centro del país.
