Óscar Balderas / @oscarbalmen
Este martes por la tarde, el sistema judicial del gobierno de la Ciudad de México asestó otro golpe a la libertad de expresión al dictar auto de formal prisión contra el fotoperiodista Gustavo Ruiz, detenido durante las marchas del #1SMx.
Alrededor de las 13:30 horas, el juez 23 del Delitos No Graves, Agustín Favela Ayala –perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal–, determinó que el séptimo de los detenidos durante las manifestaciones contra el Primer Informe del gobierno de Enrique Peña Nieto sí deberá esperar sentencia por los delitos de ultraje y resistencia a particulares.
Antes, seis detenidos también recibieron auto de formal prisión: Juan Daniel Velázquez Puero, Gonzalo Amozurrutia Nava, Gustavo Ruiz Lizárraga, Omar Beristaín Montiel, Gabriel Carrión Soto y Pavel Alejandro Primo Noriega, éste último también periodista independiente.
Gustavo Ruiz es fotógrafo de la agencia Subversiones, un medio independiente en la ciudad de México, y fue detenido arbitrariamente mientras filmaba los arrestos de varios jóvenes cerca de Metro San Antonio Abad.
“Hace unas horas, el juez, con base únicamente en dos testimonios de policías, que además son contradictorios y falsos y se le demostró mediante videos y fotografías que desvirtuan dichos de policía, dio formal prisión a un periodista.
“Es claro que prevalece la presunción de culpabilidad y que hay un patrón muy claro de criminalización de medios libres, que documentan los que los medios convencionales no están haciendo”, señaló Leopoldo Maldonado, integrante de la organización no gubernamental (ONG) Artículo 19 y abogado de Gustavo Ruiz.
Los siete detenidos se encuentran actualmente libres gracias a que pagaron una fianza de 126 mil pesos, luego de que el juez Favela Ayala subió la cantidad intempestivamente y retrasó la recepción del pago, lo que orilló a los jóvenes a pasar más tiempo de lo necesario en el Reclusorio Sur.
Sin embargo, cualquiera de ellos podría pasar hasta cuatro años en la cárcel, si la sentencia que dicte el juez – dentro de seis a nueve meses – los encuentra responsables de los delitos.
“Por ahora deberán ir a firmar cada semana al Juzgado de 23 de Delitos No Graves, en Sullivan y Altamirano (delegación Cuauhtémoc, ciudad de México). Están inhibiendo el trabajo periodístico; Gustavo tiene miedo [de ir] a documentar algo de nuevo”, señaló el abogado, quien no tiene duda que el juez está actuando por consigna del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
“Obviamente es una decisión que no sale de él. En su mayoría –y la Ciudad de México no es la excepción–, los poderes judiciales locales no tienen independencia, están supeditados a los ejecutivos. Carecen de autonomía”, afirmó Maldonado.
El integrante de la ONG, a favor de la libertad de expresión, recordó que es ilegal y arbitrario que la ciudadanía general, periodistas independientes y de medios masivos sean detenidos por filmar a servidores públicos en labores en la vía pública.
“Ese derecho está plenamente reconocido por la Constitución y tratados internacionales. No se puede vulnerar”, aseveró Maldonado.
En los próximos días, adelantó, apelarán la decisión del juez y se prepararán para el amparo, en caso de que se dicte una sentencia condenatoria.
