- Caballero Tardáguila ocupó la Dirección de Tecnologías de la Información del OADPRS, instancia adscrita entonces a la Secretaría de Gobernación, desde donde se habrían formalizado adjudicaciones directas a firmas relacionadas con la red empresarial del ex funcionario hoy sentenciado en Estados Unidos.
Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a Jesús Alberto Caballero Tardáguila, ex directivo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por su presunta participación en un esquema de simulación de contratos y desvío de recursos públicos durante el periodo 2013-2015, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público imputó al ex servidor público los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Caballero habría autorizado contratos de servicios que permitieron extraer recursos de una institución federal y canalizarlos a empresas presuntamente vinculadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública.
Caballero Tardáguila ocupó la Dirección de Tecnologías de la Información del OADPRS, instancia adscrita entonces a la Secretaría de Gobernación, desde donde se habrían formalizado adjudicaciones directas a firmas relacionadas con la red empresarial del ex funcionario hoy sentenciado en Estados Unidos. Las investigaciones señalan que dichos convenios formaron parte de un esquema mayor de lavado de dinero por más de cinco mil millones de pesos.
El imputado fue detenido el 26 de diciembre en Cuernavaca, Morelos, y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el Estado de México, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso penal. Este caso se suma a otras acciones judiciales recientes contra ex colaboradores de García Luna, incluida la prisión preventiva dictada a María Vanesa Pedraza Madrid, ex asesora y representante de una de sus empresas.
Las actuaciones forman parte de los esfuerzos del gobierno federal y de la FGR para combatir la corrupción y sancionar redes de desvío de recursos públicos, mediante investigaciones financieras y penales que continúan en curso contra ex servidores públicos vinculados a prácticas ilícitas.
