(04 de noviembre, 2014).- Ayer, la comisión especial para el seguimiento de las investigaciones sobre los hechos de violencia y la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, entregó un documento de 42 páginas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Entre las principales conclusiones del texto está “la infiltración de grupos delictivos en las normales rurales de la entidad y del crimen organizado en algunas policías municipales”.
Con base en reuniones que los legisladores tuvieron con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se acreditó que hubo incumplimiento de los protocolos de búsqueda y localización de los 43 jóvenes desparecidos durante las primeras 72 horas.
Además, no hubo cuidado con la escena del crimen y las evidencias, como ejemplo se menciona el hecho de que los cuerpos hallados en las fosas clandestinas se dejaron “a flor de tierra”.
Guillermo Anaya, quien encabeza la comisión, recalcó que el grupo a su cargo encontró “múltiples contradicciones” en los dichos de autoridades locales.
Las inconsistencias se dieron respecto al número de víctimas, las circunstancias de las detenciones arbitrarias e ilegales y las probables ejecuciones extrajudiciales.
Tampoco hubo congruencia en la hora en que supuestamente la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero supo de los hechos ni en las razones por las que no intervino inmediatamente. Los argumentos varían desde que el ex alcalde José Luis Abarca no respondió a las llamadas telefónicas hasta que la policía estatal no contaba con elementos suficientes para intervenir.
