(11 de Septiembre, 2015).- A pesar de que el programa de prevención del delito es una prioridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, dicha campaña padecerá un recorte presupuestal el próximo año, así como la implementación de juicios orales y mejorar el sistema penitenciario federal.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 propone para el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia sufrirá un recorte del 24 por ciento, aunque es uno de los que más enaltece el gobierno federal.
De 2 mil 683 millones de pesos con los que cuenta en este año pasará a 2 mil 15 millones de pesos para el presupuesto de 2016, lo que obligará a la Secretaría de Gobernación (Segob) reducir los subsidios a las demarcaciones prioritarias.
La estrategia antiviolencia permitió reducir 35 por ciento la tasa de homicidios dolosos entre 2012 y 2014 en dichas demarcaciones, según precisó Peña Nieto en su tercer informe de gobierno.
El subsidio para la implementación del nuevo sistema de justicia penal ascendería el próximo año a 713 millones 145 mil pesos. Esta cantidad es 29 por ciento inferior a la aprobada para este año, que fue de mil 9 millones 642 mil pesos, no obstante que la oralidad deberá entrar en vigor en junio próximo en todo el País.
Apenas seis estados cumplen en su totalidad con el nuevo sistema de justicia penal como son Chihuahua, Morelos, Estado de México, Yucatán, Nuevo León y Durango, mientras que otras 25 lo hacen de manera parcial, aunque Sonora es la entidad más rezagada del país.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó 18 mil 308 millones de pesos para el sistema penitenciario; en tanto, la Segob cuenta con un presupuesto 5.5 por ciento mayor para la misma disposición con 19 mil 374 millones de pesos.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública pidió fortalecer el sistema penitenciario del país luego de la fuga de Joaquín Guzmán Loera el pasado 11 de julio.
