Por: Natalia Antezana Bosques
Twitter: @Natalia3_0
Los asesinatos de jóvenes se institucionalizan y el luto se vuelve cotidiano. Son tantos los que han muerto en los últimos años, en manos del crimen organizado como de los mismos aparatos estatales e instituciones de defensa.
Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que asegura que miembros del ejército asesinaron a dos jóvenes la semana pasada en “circunstancias poco claras” y señala que familiares de las víctimas están pidiendo una investigación completa sobre la posibilidad de que los jóvenes hayan sido torturados y ejecutados.
Alfredo Ruíz Rojas de 23 años y un adolescente que lo acompañaba murieron por disparos realizados por miembros del ejército mexicano, cerca del fraccionamiento de Valles Elizondo, en las afueras de Nuevo Laredo.
Ante estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que los jóvenes habían muerto en un tiroteo y que se descubrieron armas en su automóvil. AI informa que la Procuraduría realiza la averiguación en base al reporte de los militares.
La tarde en que se registraron los hechos, un testigo se comunicó con el padre de Alfredo Ruíz para informarle que su hijo había sido ejecutado por militares después de ser torturado. Ante la información, el padre -consternado- fue al lugar de los hechos y habló con otros testigos que afirmaron haber visto a miembros del ejército torturando a los jóvenes mientras los amenazaban de muerte “si contaban lo que habían visto”. Un testigo afirmó haber visto a los jóvenes siendo golpeados por los militares en una terraza y momentos después, vio cómo los ejecutaron.
La familia del joven puso una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo –una organización local- y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya que, al hacer el reconocimiento en la morgue, el cuerpo de su hijo mostraba evidencias de tortura.
En este sentido, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades para que, en primer lugar, se garantice la seguridad de las familias de las víctimas, testigos y de la organización local que acompaña el caso. De la misma manera, demandó una investigación imparcial y completa a las autoridades correspondientes, en la cual se incluya las denuncias de tortura y ejecución de los jóvenes.
También, solicitó que se hagan públicos los resultados de la investigación, a las instancias locales, federales y de derechos humanos, y que se haga todo lo necesario para que las personas que violaron los derechos humanos de los jóvenes sean llevados ante la justicia.
Cabe señalar que las muertes de jóvenes son una problemática latente en el cotidiano mundial, y más aquellos que se producen de forma violenta, como es el caso de los homicidios. Según la organización AlertAmérica, se entiende por homicidio doloso al “acto de ocasionar deliberadamente la muerte de una persona”, y en México existe una tasa de 19.5 por cada 100,000 jóvenes entre 15 y 24 años. La cifra en sí es alarmante, pero es aún más grave cuando se compara con la tasa a nivel mundial que es de 6.9 por cada 100,000 habitantes y en América es de 15.5 por cada 100,000 habitantes.
Según la investigadora Úrsula Alanis, los jóvenes “son víctimas de este fenómeno de violencia y no ven distinción entre la generada por la policía (o las fuerzas del orden) y la que se genera por los grupos de crimen organizado”.
