Por: Valentina Pérez
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La polémica sobre la legalización de las drogas ha abierto un abanico de reacciones que van desde la legalización del uso recreativo de la mariguana en dos estados de EU, hasta una discusión más a fondo que analiza la vigencia de la guerra contra las drogas y la posibilidad, planteada por Otto Pérez Molina –presidente de Guatemala- y César Gaviria –expresidente de Colombia-, de legalizar las drogas a nivel regional.
La alternativa de la legalización fundamenta su discurso en el desarrollo de la libre personalidad, el reconocimiento del problema como un asunto de salud pública y el hecho de que los grupos al margen de la ley obtienen su principal fuente de financiación del tráfico de drogas.
Colombia, país emblemático en el panorama sobre el narcotráfico, ha planteado reglamentar la dosis personal de drogas sintéticas a través de una reforma al Estatuto Nacional de Estupefacientes (ENE), que ha estado intacto durante casi 30 años.
El planteamiento de un Estatuto Nacional de Drogas implica una mirada diferente a la lucha contra el narcotráfico, después de 12 años de haber entrado en vigencia el Plan Colombia –proyecto asistencialista encabezado por EU- , ya que busca centrar la persecución penal sólo en traficantes y no en los consumidores.
Ya desde 1994, la Corte Constitucional colombiana sentenció que la prohibición del consumo de drogas era violatorio del derecho constitucional al desarrollo libre de la personalidad; pero en 2011, el Congreso aprobó una reforma a la Constitución que prohibía la posesión y consumo de drogas.
La magnitud del problema de homologar la distribución con el consumo se manifiesta en que el 17% de la población carcelaria en colombia para el 2009, de acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), estaba presa por delitos relacionados con drogas ¿Está, nueve años después, lista la sociedad para reglamentar el uso, consumo y porte de drogas?
La iniciativa despierta la oposición abierta del Partido Conservador, el segundo con más miembros en el congreso –donde será aprobada o no la reforma-, y de grupos tanto de consumidores como de distribuidores, que temen por el futuro de las adicciones si se relajan las medidas contra las drogas.
La intención central de la iniciativa, que será presentada formalmente hasta marzo del 2013, es tanto trazar una línea clara entre consumidor y distribuidor como regular el porte de sustancias psicoactivas, que no estaba penado y darle un marco jurídico a las autoridades para proceder en estos casos.
¿Qué propone la reforma?
En cuanto a las drogas…
1. Homologa la cantidad de droga permitida –cocaína un gramo, marihuana 20gramos- en el equivalente de drogas sintéticas: tres comprimidos o 200miligramos de cualquier derivado de las anfetaminas (el uso de metanfetaminas sigue prohibido).
2. Se regula el tráfico de medicinas de uso restringido que se derivan a uso recreativo con penas de cinco a nueve años y se endurecen en veterinarios, médicos y odontólogos que faciliten la perversión del uso de estos medicamentos hasta en 12 años y la incapacidad para ejercer su profesión de seis a 15 años.
3. Se prohíbe, como hasta ahora, el consumo público de drogas.
4. Actualización de las sustancias controladas.
En cuanto a prevención y tratamiento…
1. Todos los municipios del país deberán destinar una porción de su presupuesto a la prevención y tratamiento de adictos.
2. Los medios de comunicación deberán transmitir gratuitamente comerciales preventivos contra las drogas producidos conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el de Telecomunicaciones.
3. Medidas para proteger a la niñez: severas penas contra padres consumidores, traficantes que comercialicen cerca de escuelas y mujeres embarazadas –por atentar contra el sano desarrollo del bebé-.
4. Se vigilará que las agencias turísticas no promuevan turismo de consumo.
En cuanto a penas…
1. Se endurece la sanción contra el porte de drogas como escopolamina.
2. Aumenta la pena máxima por narcotráfico a 30 años con posibilidad de aumentar en 7.5 años la condena en caso de existir agravantes.
3. Se considerará despido por justa causa si el trabajador consume o llega bajo los efectos de alguna droga a desempeñar sus labores.
4. La reforma propone la aplicación de beneficios penales a pequeños cultivadores y distribuidores si cooperan con la justicia: en el caso de los primeros, a la erradicación de cultivos ilícitos, y en los segundos, si contribuyen a desmantelar las redes de tráfico.
Las políticas contra las drogas históricamente concentradas en la estrategia represiva, dejan de lado la posibilidad de que la estrategia conviva con un plan integral que aborde el problema más que como un asunto de seguridad como un tema de salud. Augusto Pérez, especialista colombiano en la materia, engloba el problema en una pregunta cualitativa y no en una cuantitativa “¿Cuál es el daño que causa en la sociedad el consumo?”.
Desde una óptica regional –porque el problema del narcotráfico lo es– la aprobación de este estatuto tendría una repercusión directa en los países donde hay tanto productores como consumidores ¿Está América lista para conjugar esfuerzos en contra del narcotráfico? ¿Qué efecto tendrá esta medida a nivel regional?
La ONU, a través de Bo Mathiasen, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha manifestado su apoyo a la iniciativa. “Con la propuesta del nuevo Estatuto, la droga continúa siendo ilícita; el proyecto no propone cambiar eso, sino que marca un límite después del cual hablamos de tráfico. No lo veo como un estímulo a un mayor consumo.”, declaró al diario colombiano El Tiempo.
