Luego que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa trascendiera en medios de otros países, organismos internacionales comenzaron a ponerle atención al caso y en esa medida, a hacer recomendaciones para garantizar una investigación rigurosa.
Ante esos hechos, mandos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), durante el sexenio de Peña Nieto, habrían sugerido incumplir con las recomendaciones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Información de Contralínea revela que el gobierno de Peña tachó de “injerencista” a la Organización de Estados Americanos —de la cual depende la CIDH—.
En el “Informe Ayotzinapa III”, entregado por el GIEI, se señala que en un documento de la Sedena los mandos militares aseguraron que la CIDH había logrado “su propósito de injerencia y operó al GIEI como una herramienta para descalificar al gobierno mexicano, denostar a la PGR [Procuraduría General de la República] e inculpar, aun sin sustento, al Ejército Mexicano”.
Bajo el mando de Salvador Cienfuegos, la Sedena no sólo habría querido incumplir con recomendaciones autónomas, también se contempló la posibilidad de filtrar varios “discursos” sobre los hechos ocurridos.
Con ello la intención era descalificar la investigación que realizaba el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
A eso se sumó el acoso y espionaje a los expertos de este grupo, así como el desprestigio de su trabajo, eso gracias a una campaña impulsada en medios hegemónicos.
