El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana representa el primer paso para fortalecer las finanzas del país. Sin embargo, las nuevas dificultades de la economía nacional nos exigen también poner en marcha un esquema que permita incrementar los ingresos públicos y un programa integral de inversiones en infraestructura y obra pública.
“El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, tiene la enorme tarea de adoptar las acciones que sean necesarias para hacer frente al debilitamiento de la economía mexicana y afrontar la difícil situación por la que estamos atravesando, pues existe un deterioro en la inversión pública y privada que debe ser revertido de forma urgente”, afirmó.
Ramírez Cuéllar hizo referencia al comunicado del INEGI sobre la caída de la Inversión Fija Bruta,
destacando que este indicador refleja la falta de confianza de los inversionistas en el país. “En reiteradas ocasiones hemos destacado la imperiosa necesidad de que 2020 sea el año de la inversión pública. El análisis del INEGI demuestra que nos estamos quedando cortos en este rubro y aún no se han generado todas las condiciones necesarias para establecer mecanismos de colaboración efectivos entre los sectores público y privado”.
El diputado federal aseveró que en la Ley de Austeridad se imponen barreras al abuso en el ejercicio de los recursos públicos, eliminando beneficios como seguro de gastos médicos privado, asignación de vehículos, pago de telefonía celular y combustible a los servidores públicos, así como adquisición de mobiliario de lujo. De igual manera, establece límites en el pago de viáticos y prestaciones, así como a la disposición indiscriminada de recursos humanos para llevar a cabo acciones privadas y el gasto excesivo en comunicación social, el cual se usaba con frecuencia para la promoción de personajes políticos.
Además, la Ley de Austeridad contiene medidas que fortalecen el combate a la corrupción y brindan certeza sobre el actuar de los funcionarios públicos que intervienen en la toma de decisiones del Estado Mexicano. Por ejemplo, reitera la necesidad de que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudiquen, por regla general, a través de licitaciones públicas, contemplando los mecanismos de transparencia y control de toda la normatividad aplicable.
