Diputados del Congreso del Estado de México aprobaron el pasado jueves un dictamen que reforma el Código Penal de la entidad para tipificar el ecocidio y endurecer las sanciones contra delitos ambientales, incluyendo tala ilegal, contaminación y abandono de residuos sólidos con sanciones que van de los seis hasta los 12 años de prisión.
Esta tipificación resulta fundamental en una entidad que ha padecido alto estrés hídrico, contaminación en sus principales cuerpos de agua y grandes deforestaciones.
Esta reforma surge de tres iniciativas presentadas por diputados de Morena y del Partido Verde Ecologista de México, las cuales fueron analizadas de manera conjunta por identidad de materia durante la sesión de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Protección Ambiental y Cambio Climático.
Uno de los cambios centrales es la incorporación formal del delito de ecocidio dentro del marco penal mexiquense, con el objetivo de sancionar daños graves, reiterados o irreversibles a los ecosistemas. La reforma también amplía el catálogo de conductas sancionables e incluye nuevas modalidades de afectación ambiental derivadas del crecimiento urbano e industrial.
Ecocidio, el legado del PRI en el EDOMEX
Este último punto es un avance sin precedentes, pues durante casi un siglo, el Estado de México fue el laboratorio político y económico del Partido Revolucion Institucional (PRI). Bajo la bandera del “progreso” y la urbanización salvaje, la entidad experimentó una transformación radical que priorizó los negocios inmobiliarios y la industria por encima de los ecosistemas de la región.
El declive ambiental agravado durante las últimas décadas fue una consecuencia de políticas de concesión y omisión. Uno de los casos más graves es el Río Lerma, considerado uno de los ríos más contaminados del mundo.
Durante décadas, el corredor industrial Toluca-Lerma vertió metales pesados y desechos tóxicos con una fiscalización prácticamente inexistente por parte de las autoridades estatales.
Asimismo, la Sierra de Guadalupe, considerada el último pulmón del Valle de México ha sido devorada por la mancha urbana. Ambientalistas y comunidades han señalado que el otorgamiento de permisos de construcción en zonas de conservación fue una moneda de cambio común para favores políticos durante la época priista.
En este sentido, resalta que con la reciente reforma se tipifica como delito la realización de obras sin autorización en materia de impacto ambiental y la entrega de información falsa o alteración de documentos para obtener permisos ambientales.
Clientelismo y corrupción en gestión ambiental
Durante las administraciones estatales de Enrique Peña Nieto y Eriviel Ávila, el modelo de las “ciudades dormitorio”, como los macro-fraccionamientos en Huehuetoca o Zumpango, permitió a empresas cercanas al poder construir miles de viviendas sin servicios básicos ni estudios de impacto ambiental reales, destruyendo tierras agrícolas y zonas de recarga hídrica.
Asimismo, la cercanía entre la élite política, especialmente el famoso Grupo Atlacomulco, y los capitanes de industria generó un entorno donde la normativa ambiental era, en el mejor de los casos, una sugerencia opcional.
Como parte de las afectacions ambientales también se encuentra el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco. Este es quizás el símbolo más potente de la negligencia y la destrucción.
El proyecto del aeropuerto en el Lago de Texcoco representaba la culminación de un modelo de desarrollo que ignoraba la importancia hidrológica de la zona en favor de una infraestructura monumental impulsada por la administración federal de Enrique Peña Nieto y la gestión estatal de Eruviel Ávila.
Pero el impacto no se limita al Lago, pues las obras del NAIM tambien trajeron consigo una expansión inmobiliaria en la zona oriente del Valle de México y la proliferación de minas a cielo abierto con permisos irregulares.
Penas y sanciones se agravan con la participación de servidores públicos
Respecto a las penas y sanciones planteadas en la reciente reforma, en los casos más graves, se contempla que la sanción podrá alcanzar de seis a 12 años de prisión, además de multas que irán de 500 a 2 mil días de multa.
También se establecen agravantes cuando el daño sea irreversible, afecte áreas naturales protegidas, impacte especies en peligro de extinción, ponga en riesgo la salud humana o cuando en la comisión del delito participen servidores públicos o se utilicen instrumentos y vehículos para facilitar actividades como la tala ilegal.
El ecocidio en el Estado de México no es solo un problema de árboles caídos o agua sucia; es el resultado de una visión donde la naturaleza fue utilizada como un recurso inagotable o un estorbo para el desarrollo inmobiliario. Con el cambio de gobierno en 2023, la entidad ha enfrentado un reto titánico para revertir daños causados por las gestiones anteriores.
Con la aprobación de estas tres iniciativas en comisiones, el proyecto será turnado al Pleno de la Legislatura para su discusión y eventual votación. De ser avalado, se enviará a la titular del Ejecutivo estatal para su promulgación.
