En Puebla los principales violadores de los derechos humanos de la ciudadanía son precisamente servidores públicos, al contabilizar 653 denuncias, reveló el Primer Censo Nacional de Derechos Humanos en los ámbitos federal y estatal 2017, que contiene datos del año previo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las otras entidades que registraron promedios elevados fueron Tabasco, Baja California Sur, San Luis Potosí, Oaxaca, Nuevo León y Jalisco, con 308.8, 303.5, 190.2, 166.3, 151.1 y 138.3 número de violaciones a derechos humanos por personal en las visitadurías de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH).
Por el número de violaciones a derechos humanos de los que tuvieron conocimiento las instituciones locales que protegen los mismos, la entidad poblana ocupó el quinto lugar nacional, al acumular 7 mil 184 hechos.
El censo del Inegi reveló que “en el caso el Estado de México (10.5), Chiapas (5.2) y Sonora (4.4) fueron las entidades federativas que concentraron la mayor distribución porcentual de las unidades administrativas de la CNDH y OPDH. En el caso de Puebla la distribución que registró fue del 1.6 por ciento del total nacional”.
En lo que respecta al personal adscrito a estas unidades administrativas, se reportó “la existencia de 5 mil 612 servidores públicos en ellas, sobresaliendo los casos de la CNDH, con 28.9 por ciento; Ciudad de México, con 13.6 por ciento; y Jalisco, con 5.8 por ciento. Mientras que Puebla registró el 0.8 por ciento del país”.
Por la distribución porcentual por sexo de los servidores públicos adscritos a la CNDH y los OPDH, Puebla se posicionó como la novena entidad federativa con mayor proporción de mujeres trabajando para los mismos, con el 57.4 por ciento.
“A nivel nacional, al cierre de 2016, de los 63 mil 406 expedientes solucionados por la CNDH y los OPDH, 16.5 por ciento se concluyó por haberse solucionado por conciliación, 13.5 por ciento por acuerdo de acumulación de expedientes y 8.4 por ciento por acuerdo de no responsabilidad”.
Asimismo, “las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos emitieron un total de mil 774 recomendaciones a las instituciones públicas de los diferentes ámbitos de gobierno, siendo 62.6 por ciento para autoridades del ámbito estatal, 34.9 por ciento para instituciones del ámbito municipal y el restante 2.5 por ciento para autoridades federales”, informó La Jornada de Oriente.
