- La acción ha desencadenado amplias reacciones internacionales y debates jurídicos. Algunos países han condenado la intervención por lo que consideran una violación de la soberanía venezolana, y organismos multilaterales han llamado a consultas de emergencia.
El gobierno de Estados Unidos anunció que se hará cargo temporalmente de la administración política de Venezuela luego de una operación militar que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según declaraciones oficiales, la acción fue liderada por comandos especiales estadounidenses en Caracas durante la madrugada y forma parte de una estrategia ordenada por la Casa Blanca para crear las condiciones de una “transición segura y ordenada” en el país suramericano.
La captura de Maduro se produjo en el marco de una operación militar que incluyó bombardeos en distintos puntos de la capital venezolana y que fue descrita por autoridades de Washington como un despliegue de alta escala. La administración Trump afirmó que la incursión no generó bajas entre las fuerzas estadounidenses y que el objetivo inmediato es estabilizar la situación política interna antes de permitir una gobernanza plenamente venezolana.
En una conferencia desde Mar-a-Lago, el presidente de Estados Unidos enfatizó que Washington permanecerá al frente de la gestión del país “hasta que haya una transición fiable y democrática”. Aunque no se especificó un cronograma definitivo para ese proceso, el mandatario señaló que su país no permitirá que figuras externas tomen el control del gobierno venezolano sin garantizar estabilidad.
El plan estadounidense contempla también la reintegración de empresas petroleras norteamericanas para la reconstrucción de la infraestructura energética venezolana. Trump prometió inversiones multimillonarias para rehabilitar instalaciones dañadas, señalando que la industria petrolera jugará un papel central en el relanzamiento de la economía local.
La acción ha desencadenado amplias reacciones internacionales y debates jurídicos. Algunos países han condenado la intervención por lo que consideran una violación de la soberanía venezolana, y organismos multilaterales han llamado a consultas de emergencia. Asimismo, en Estados Unidos opositores políticos han cuestionado la ausencia de autorización del Congreso para la operación militar.
Mientras parte de la oposición venezolana expresó disposición a participar en un gobierno de transición, sectores chavistas han rechazado categóricamente la intervención, calificándola de “ilegal” y una agresión directa. El liderazgo institucional en Venezuela sigue fragmentado tras la salida de Maduro de su cargo, y las consecuencias sociales y políticas de la intervención siguen en desarrollo.
