(22 de enero, 2015).- Tlatlaya, un crimen inocultable. Las investigaciones sobre el caso revelaron que militares habrían tendido un cerco a las afueras de la bodega donde ejecutaron a 22 civiles, con el objetivo de evitar la llegada del Ministerio Público (MP) del Estado de México. Esto, a pesar de que el “enfrentamiento” había concluido tiempo antes, indicaron funcionarios del gabinete de Seguridad Nacional.
La alteración de las evidencias. La reclasificación del caso a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostiene que los efectivos castrenses realizaron el control de los accesos, con el fin de tener el tiempo necesario para acomodar la escena del crimen: los cuerpos, las armas y los vehículos.
Exterior de la bodega
En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) también participó con la tortura de tres sobrevivientes para que no declararan que fue una matanza. No obstante, ahora reabrió las indagatorias sobre el crimen, pues señala que hubo graves violaciones a las garantías de las víctimas.
Lo evidente: un crimen de lesa humanidad
Inicialmente, Tlatlaya no representó ninguna duda sino que era un crimen más por dejar pasar. Las declaraciones gubernamentales apelaban a la legítima defensa de los militares, sin revisar a las víctimas ni el lugar del crimen. Pero actualmente sí se puede catalogar como un crimen de Estado, pues las evidencias están ahí.
Interior de la bodega
Peritajes. En los 22 cadáveres se encontraron 107 heridas de bala, de los cuales 9 de las víctimas tenían 13 heridas de armas de fuego que les fueron realizadas mientras hacían “maniobras de legítima defensa”. En este sentido, la CNDH indicó que cuando se presentan maniobras instintivas, es porque hay altas posibilidades de que la víctima haya sido privada ilegalmente de su vida.
En conclusión, irán saliendo las evidencias sobre lo obvio: militares masacraron a 22 civiles inermes. No obstante, Tlatlaya es el inicio sobre cuáles deberían ser las líneas de investigación ante las declaraciones de supuestos “enfrentamientos” entre autoridades y civiles, pues quizá se esté ante otra ejecución sin-anuncio.
Ilustración: Alejandra Alanís
