(19 de abril, 2015).- A propósito del reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sostiene que en México existe “tortura generalizada” y provocó el rotundo rechazo del gobierno, manteniendo una respuesta oficial, donde se defendió que considerar la tortura como una práctica sistémica, en un contexto de impunidad y con la participación de todas las fuerzas de seguridad, es un diagnóstico excesivo dibujado fuera de la realidad, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ha recopilado los abusos documentados en la capital del país. Dentro de sus conclusiones destaca que en más del 60% de los casos, el objetivo es conseguir la confesión del detenido.
“En México el uso de la tortura continúa siendo un fenómeno común y arraigado en las instituciones de investigación y procuración de justicia”, afirma el estudio. En los 21 años de actividad vigilante de la CDHDF, el organismo ha emitido 48 recomendaciones sobre tortura, que incluyen a su vez una batería mayor de quejas. En la última investigación, que abarca de 2009 a 2014, se han evidenciado 47 casos, que involucran a 95 víctimas.
Los casos que mayor denuncia tienen, son los abusos de los cuerpos de seguridad, los que se dan el momento de la detención y en la estancia en las comandancias de policía.
Los métodos de tortura más denunciados en Distrito Federal, de acuerdo a los testimonios de las víctimas son los golpes: en las costillas, la cabeza, la espalda y, en el caso de los hombres, los testículos. También consta la utilización de objetos como palos o mangueras. A lo largo del informe, aparece como una práctica reiterada la conocida como ‘el teléfono’, que consiste en propinar golpes en ambos oídos con las palmas extendidas.
En cuanto a tortura psicológica, el más común es la simulación de realizar un tiro sobre el detenido. El estudio relata también abusos a través de episodios de asfixia. El conocido en la jerga como submarino seco, consiste en colocar una bolsa de plástico en la cabeza de las víctimas. Durante el tehuacanazo se introducen abundantes cantidades de agua por la nariz y boca. El informe subraya que pese a su prohibición tajante en la legislación mexicana, la tipificación del delito de tortura no se encuentra completamente homologada con los estándares internacionales.
Ese mismo 60% de casos demuestra que las víctimas denunciaron que los actos de tortura buscaban la obtención de confesiones falsas. “Destaca la firma de hojas en blanco, la toma de fotografías con armas, y la presentación ante medios de comunicación reconociendo la comisión de delitos falsos”, resalta el informe. Los delitos imputados con más frecuencia a través de estas técnicas fueron robo, secuestro y homicidio, en donde muchos de los casos se relacionan con activistas sociales, que aseguran podrían ser, la imputación de delitos, represalias de las autoridades.
En el mismo informe la CDHDF, presenta la secuencia de un caso que relata: “con las manos aún esposadas, lo bajaron del vehículo y lo introdujeron a su casa. Le abrieron las piernas y le pegaron en sus testículos; como él respondía que no sabía de qué le hablaban, continuaban profiriendo insultos. Después lo acostaron en el piso boca abajo, con varias personas sobre él; le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, mientras otros lo pateaban las costillas y el estómago. Sintió que se asfixiaba, hasta llegar a casi perder el sentido. Después lo llevaron esposado a donde estaban los medios de comunicación; lo sacaron de un cuarto, lo pararon en una pared, y le dijeron que tenía que decir lo acordado. Por el temor a ser torturado otra vez, hizo todo lo que le indicaron”.
Sobre el tema la CDHDF informó que se realizó una reunión de trabajo con representantes del Gobierno del Distrito Federal y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, donde se expuso la Propuesta General contra la Tortura.
La CDHDF señaló que se trataron las características identificadas en la práctica de la tortura en la Ciudad de México y las propuestas para la elaboración de una política pública de prevención, sanción y erradicación de ese fenómeno.
El encuentro formó parte de las acciones encaminadas al cumplimiento de la recomendación 14/2014, en la que se enfatizó la necesidad de diseñar e implementar un mecanismo interinstitucional de prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura.
Anteriormente, a finales de 2014, la CDHDF en voz de su presidente, Perla Gómez, señaló que la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF), la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia como autoridad colaboradora, fueron las autoridades responsables del flagelo de 95 personas en aquel año, a las que se les vulneraron sus derechos.
Entre los derechos violados por las dependencias mencionadas fueron señalados: el derecho a la integridad personal, a la libertad, el derecho a contar con una defensa adecuada durante un proceso, a la presunción de inocencia, a la asistencia consular y el derecho a no ser detenido arbitrariamente.
