El futuro del Poder Judicial en Jalisco vive una doble tensión: mientras el Congreso local perfila votar la posible reelección de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón y Consuelo del Rosario González Jiménez, antes de concretar la reforma judicial que obligaría a renovar juzgadores mediante voto popular, un litigante ha puesto en entredicho la designación de magistrados en el Tribunal Administrativo.
Se trata de Aroddi Israel Andrade Ruelas, abogado y activista, quien presentó un juicio de amparo contra la reciente designación de magistrados, al considerar que se incurrió en violaciones graves a los principios constitucionales.
Entre las irregularidades denunciadas, Andrade señaló el uso indebido de los exámenes de control y confianza, previamente declarados inconstitucionales, así como la supuesta arbitrariedad del Comité de Participación Ciudadana en la selección de perfiles.
“Mi intención no es únicamente ocupar este cargo, sino defender la independencia judicial y garantizar que quienes ocupen estas posiciones clave cuenten con la preparación y experiencia necesarias para enfrentar los retos del Tribunal Administrativo”, declaró Andrade, considerado además como aspirante al puesto.
El litigante sostuvo que la persona designada carece de la idoneidad requerida en términos de experiencia y formación académica, lo que representa un riesgo para la resolución de casos de alta complejidad, especialmente en materia ambiental y tributaria.
El caso fue turnado el 2 de enero de 2025 al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Zapopan y no se descarta que, dada su relevancia, llegue eventualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un escenario más amplio
El litigio se produce en medio de la discusión sobre la reforma judicial impulsada a nivel federal, que busca que magistrados y jueces sean electos por voto popular. De ahí que en Jalisco el tema adquiera especial relevancia: por un lado, los cuestionamientos a los métodos de selección; por el otro, la inminente votación legislativa que podría extender el mandato de Espinosa Licón y González Jiménez antes de que las nuevas reglas entren en vigor.
Analistas señalan que este cruce de tensiones exhibe la fragilidad de los procesos de designación y la urgencia de mecanismos que garanticen independencia judicial, transparencia y legitimidad en un momento de transformaciones estructurales.
