La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que César Alejandro “N”, alias “El Botox”, fue vinculado a proceso este 30 de enero de 2026 por su probable responsabilidad en el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025.
La institución aseguró que presentó datos de prueba “científicos y de calidad”, suficientes para que la autoridad judicial determinara la vinculación y activara la siguiente etapa del caso.
Audiencia virtual desde prisión: el caso se movió desde el Altiplano
La audiencia inicial se realizó de manera virtual debido a que el imputado se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, en el Estado de México.
En esa comparecencia, la Fiscalía sostuvo que “el Ministerio Público de la FGE expuso una sólida reconstrucción de los hechos, sustentada en actos de investigación que permitieron establecer, de manera fundada, la posible participación de César Alejandro “N” en el homicidio del dirigente del sector limonero”, de acuerdo con el comunicado.
Prisión preventiva y reloj en marcha: 4 meses para la investigación
Según lo reportado por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso e imponer la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Además, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
La FGE enmarcó el caso dentro de un contexto de violencia que impactó a productores y liderazgos del sector citrícola, por lo que subrayó que el esclarecimiento del crimen es una prioridad institucional para fortalecer condiciones de legalidad y seguridad en regiones productivas.
La detención: operativo interinstitucional en Buenavista
César Alejandro “N” fue detenido el 22 de enero, durante un operativo interinstitucional realizado en el municipio de Buenavista, en Michoacán. Posteriormente, derivado de las investigaciones, se cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en su contra.
En su mensaje final, la Fiscalía señaló:
“La Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de actuar con firmeza, rigor técnico y estricto apego a la legalidad para investigar y perseguir los delitos que atentan contra la vida, la seguridad y la actividad productiva de la entidad, garantizando el acceso a la justicia y el respeto pleno a los derechos humanos”.
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