El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, incurrió en un conflicto de intereses, luego de comprar un terreno de más de 100 mil metros junto con Roberto Russildi, ex vicepresidente ejecutivo de Casas Javer, pero a quien después nombró su secretario de Desarrollo Sustentable.
La compra se llevó a cabo el 31 de octubre de 2012, El Bronco compró la propiedad un millón 100 mil pesos, con una superficie de 152 mil 498.38 metros cuadrados en Las Garzas y Capellanía, en ese municipio, con el copropietario Roberto Russildi, en ese momento director general de Casas Javer.
Lo anterior lo ha dado a conocer La Jornada, quien publica que consta en la escritura pública 40853, número 1151, volumen 109, libro 47, firmada el día 16 de octubre de 2012, de la cual tiene copia certificada.
Luego de llegar a la gubernatura, Rodríguez Calderón, nombró a Russildi secretario de Desarrollo Sustentable, a pesar de la incompatibilidad por ser su copropietario en un terreno de desarrollo habitacional e interés social y porque viola la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos en el artículo 50.
Russildi sigue siendo accionista de la constructora regiomontana de viviendas Javer, empresa desarrolladora inmobiliaria, la cual ha sido seriamente cuestionada y hasta demandada por entregar minicasitas con Infonavit en fraccionamientos sin los servicios ni vialidades terminadas, con grietas y con vaciado de concreto en lugar de bloques, sistema que propicia graves problemas.
Casas Javer tan sólo en el último trimestre del año pasado obtuvo ingresos de mil 872.5 millones de pesos, comparados con los mil 590.5 millones de 2014, y una utilidad neta de 221 mil 982 millones de pesos, según datos de la propia empresa que este año hizo su debut en la Bolsa Mexicana de Valores y espera vender más de 21 mil casas con ingresos de entre 7 mil y 8 mil millones de pesos. En Nuevo León tiene actualmente en venta 12 desarrollos habitacionales y otros más en curso.
Lo anterior sucede aún cuando Rodríguez aseguró que no va solapar “corruptos” en su gobierno y presentó el código de ética por el que deberán guiarse los servidores públicos de su administración. “Aquí en Nuevo León queremos poner el ejemplo, no para que nos aplaudan, no para salir en la nota periodística, sino para ser ejemplo y que el país se copie de lo que en el estado hacemos”, declaró.
Por su parte, Roberto Russildi, hoy funcionario público, ha minimizado las críticas en su contra, diciendo: “tener acciones o no de las empresas no afecta en el desempeño de una persona”. Agrega que el hecho de que sea socio de Javer “no es relevante”.
Por su parte, Ernesto Cerda Serna, rector del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos (Incide), exigió, junto con otros líderes de organizaciones no gubernamentales, la destitución de Russildi: “Están violando la ley; el gobernador no puede contratar a nadie con el que tenga relación o con quien sea o haya sido socio en algunos negocios. Eso descalifica el nombramiento y por eso lo hemos impugnado”, señaló en una entrevista.
Así el grupo de líderes sociales acudió al Congreso de Nuevo León a denunciar las irregualridades en las que ha incurrido el mandatario local: “El nombramiento de Roberto Russildi Montellano, persona con la cual el gobernador tiene negocios comunes, es sin lugar a dudas un conflicto de intereses, es una muestra más de la colusión de intereses públicos y privados en perjuicio del interés general, y se plantean así serias dudas éticas acerca de la posible utilización de información privilegiada y del uso de lo público en beneficio de lo particular y de lo privado”, versa el documento entregado a los diputados.
Sobre las actividades que le corresponden a Russildi, que son diseñar programas y acciones que promuevan el desarrollo urbano y el medio ambiente sustentable, se dijo, “es un desarrollador urbano, es como poner al coyote a cuidar a las gallinas. Era el director del grupo Javer y sigue siendo accionista de esa empresa. ¿Cómo le entrega a un desarrollador, especulador de la tierra, las reservas ecológicas de Nuevo León, que de por sí no llegan ni a 2 por ciento del total de la superficie”, indicó el ecologista Guillermo Martínez Berlanga, director del Comité Ecológico Pro Bienestar, que lleva más años luchando contra los desarrolladores “depredadores”.
Hoy, “el gobierno quiere vender 198 propiedades, algunas destinadas para áreas verdes. Y lo peor: el Parque Fundidora, el único pulmón verde de Monterrey, fue entregado por Russildi y el gobernador a los empresarios para permitirles realizar actos masivos, con lo cual violan el decreto 372 del parque y el reglamento interno, que prohíbe la venta de alcohol”.
También se explicó que “Russildi ya entregó las 22 reservas ecológicas del estado; ya están invadidas y sin presupuesto. Y el Parque Nacional Cumbres ya está al mejor postor e incluso en El Huajuco, que es el filtro del aire de Monterrey, y en el Chipinque todos los días hay fraccionamientos nuevos que se construyen con influencias y entre amigos con los alcaldes. Todos tienen intereses”.
Así fue como se consideró que el puesto de Russildi es un tema de “conflicto de intereses”, pero también de desarrollo sustentable: “Ante la evidencia de la escritura, exigimos que se aplique la ley. Russildi no puede estar en ningún puesto relacionado con el servicio público, porque es socio del gobernador.”
