Sergio Castro Bibriesca / @SergioBibriesca
(30 de octubre, 2014).- La nota firmada por Cristina Hernández, publicada en la sección “Justicia” del diario Reforma el 29 de octubre de 2014, titulada “Acusa CDH mala defensa a plagiario colombiano” hace referencia al ciudadano de origen colombiano –y naturalizado mexicano– Nino Colman Hoyos Henao. En el primer párrafo de la misma nota, la autora utiliza la palabra “secuestrador” para hacer referencia a Colman. Nino, al igual que otros cientos de ciudadanos detenidos por autoridades mexicanas en los últimos seis años, han sido presentado como “delincuentes” ante los medios, sin haber sido procesados, o bien, con violaciones al debido proceso.
Nino Colman Hoyos Henao es Ingeniero en Informática. Fue torturado después de su aprehensión arbitraria (no existió una orden) el 11 de agosto de 2009. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió el pasado martes 28 de octubre la Recomendación 10/2014 y fue dirigida a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por la violación al debido proceso. A Colman le fue quebrantado su derecho a una defensa adecuada, debido a la deficiente asistencia legal que recibió de una defensora de oficio.
Sin embargo, esa recomendación no es la primera en el caso de Nino. En febrero de 2013, la CDHDF emitió la Recomendación 2/2013 dirigida al titular de la Procuraduría General de Justicia, Rodolfo Ríos Garza, por tortura y otras violaciones a derechos humanos que cometieron servidores de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, conocida como Fuerza Antisecuestro. Nino fue detenido por un grupo de 12 agentes de la entonces Policía Judicial, al salir de su centro de trabajo, para ser trasladado a las instalaciones de dicha fiscalía.
“Ya valiste madre, aquí en México las cosas son diferentes” le decían a Nino los policías que lo detuvieron y que acto seguido lo subieron a la parte trasera de un automóvil Tsuru sin logo o registro institucional. “Nos contrataron para matarte (…) vas a ver cómo te hacemos confesar”, era lo que Nino, sin entender qué pasaba, escuchaba mientras su cabeza permanecía debajo de la pierna de uno de los judiciales. Nino fue puesto a disposición ante el Ministerio Público cuatro horas después de su detención.
Nino fue torturando con puñetazos en la cabeza y en el cuello. Lo agredieron psicológicamente, diciéndole que “le cortarían los dedos a él y a su madre (que había sido convencida por Nino de venir a vivir a México) si no confesaba”. Además le taparon la cara con una bolsa de plástico mientras era agredido.
Nino fue incriminado en el secuestro de Priscila Loera, hija del dueño de la empresa donde trabajaba Colman. Le dieron una condena de 60 años en noviembre de 2011.
Los “delincuentes” en los medios de comunicación
Ricardo Almanza Cerriteño llegó a la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala el 13 de agosto de 2002. Acompañaba a su novia Marisol, hermana de Jorge Mora, quien había sido detenido horas antes en Ecatepec, acusado de un secuestro que no cometió. Ricardo, al arribar con su novia y Jorge, fue enviado a un salón de conferencias “donde había mucha gente, entre ellos periodistas y policías”. Un comandante le dijo que “ahí esperara”.
A Ricardo lo saludaron de mano, pensando que era parte del grupo de personas en ese salón, “y hasta torta y refresco” le dieron,. Un par de horas después, el mismo comandante que le pidió que esperara, le preguntó su nombre; Ricardo le contestó y le dio su credencial de elector, y el comandante le dijo que esperara otro poco. Minutos después, regresó el comandante y le dijo: “por pendejo entras en lugar de Alejandro”. Fue llevado a las trastiendas de la Procuraduría y torturado.
Minutos después fue presentado junto a cuatro personas más como una banda de secuestradores. Les llamaron “Los Kempes”, se les acusaba de diversos secuestros en la entidad tlaxcalteca y los medios los presentaron tal cual en sus espacios. Los implicados jamás habían estado en Tlaxcala y eran todos habitantes del Estado de México, en el municipio de Ecatepec.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, en los Informes de gobierno rendidos por el entonces presidente, se hace referencia a miles de detenciones de personas a las que se les señaló como “delincuentes” y que fueron presentados ante medios de comunicación –así se mencionan en dichos informes de Gobierno–, sin embargo, la población penitenciaria no se incrementó ni en 10 por ciento de las cifras que se mencionan en tales Informes de Gobierno.
Según los informes de gobierno, en 2009 se detuvieron a 29 mil 096 personas; en 2010, 18 mil 888; en 2011, 17 mil 108; y en 2012 se detuvieron a 5 mil 136 individuos.
Al contrario, las cifras de personas de población penitenciaria fueron a partir del 2009 de 224 mil 749; en 2010 de 219 mil 027; 2011 230 mil 943; y en 2012 237 mil 566. Hubo casi 112 mil detenciones pero la población sólo incrementó 27 mil 426.
