CDMX.- Hoy, directivos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunieron en la Cámara de Diputados con el legislador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar para entregar los resolutivos del foro sobre la Ley de Infraestructura para el Bienestar, celebrado el mes pasado en Toluca, Estado de México.
Durante el encuentro, Ramírez Cuéllar destacó que la nueva propuesta legislativa busca garantizar el acceso universal a la infraestructura como un derecho de todas las personas, además de establecer un modelo de inversión más incluyente, con disciplina fiscal y participación del sector privado.
“Estamos proponiendo la derogación de la legislación sobre asociaciones público-privadas (APPs) para superar las limitaciones de inversión anteriores, que se concentraban en autopistas y energía. La nueva iniciativa amplía la infraestructura para el bienestar, asegurando el acceso a servicios esenciales en todas las comunidades, fortaleciendo los ingresos familiares y los programas sociales, y promoviendo un desarrollo más integral”, reiteró.
También explicó que se abrirá un proceso de consulta con el sector privado y las autoridades para garantizar claridad, certeza jurídica y participación ciudadana en los proyectos estratégicos del país.
Queremos superar la visión limitada de inversión concentrada en autopistas y energía, y construir infraestructura del bienestar que llegue a colonias, municipios y comunidades.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados enfatizó que el próximo paquete económico no contempla incrementos en impuestos ni la creación de nuevas cargas fiscales, sino que se enfocará en una mayor eficiencia recaudatoria para destinar recursos tanto a la política social como a proyectos estratégicos de infraestructura.
“Queremos superar la visión limitada de inversión concentrada en autopistas y energía, y construir infraestructura del bienestar que llegue a colonias, municipios y comunidades, con un impacto directo en la calidad de vida de las familias”, afirmó.
Ramírez Cuéllar subrayó que la meta es incrementar de manera sostenida la inversión hasta alcanzar el 30% del Producto Interno Bruto hacia 2030, con significativa participación del sector privado, siempre bajo la rectoría del Estado y en estricto apego a la disciplina fiscal. “Se trata de abrir un proceso democrático y participativo, donde el sector social y empresarial contribuyan con propuestas que fortalezcan el desarrollo económico y social del país”, agregó.
Por su parte, representantes del CCE, entre ellos el titular del Consejo Mexicano de Energía, Ing. Juan Acra López, coincidieron en que México debe destinar al menos el 5% del PIB anual a infraestructura para impulsar el crecimiento. Especialistas como la Ing. Sandra Miranda Navarro, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles, y Arnulfo Martínez Sánchez, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, destacaron la importancia de sumar recursos privados y asegurar mecanismos que garanticen transparencia y eficiencia.
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