Es muy cuesta arriba lo que resta del sexenio en las actuales condiciones que atraviesa el país. El desgaste del Ejecutivo es total, no por las recientes violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sino porque el régimen monárquico no da para más, llegó a la sima del desprestigio y arrastró consigo a los otros dos poderes de la Federación. Continuar como vamos, lo único que acarreará será más violencia y caos social, con las terribles consecuencias que cabría esperar. Esto lo saben los principales responsables del actual estado de cosas: la élite de la oligarquía, cuyos integrantes parecen darse cuenta de su error al haber apoyado la imposición de un personaje no sólo gris, sino con sobrada voracidad.
Creyeron, los líderes empresariales, que la ciudadanía seguiría aletargada, sufriendo sin protestar como era la costumbre ante una realidad cada vez más dramática. Le apostaron a eso y ahora están pagando las consecuencias, porque no sólo el pueblo se ve afectado por el caos imperante, sino las utilidades de los magnates, cosa que no van a aceptar. Así lo patentizan las recientes declaraciones de los principales líderes del sector privado, quienes coincidieron en expresar su preocupación por el rumbo que está tomando el sistema político, y más aún por la incapacidad del gobierno federal para poner remedio.
Con la muletilla de un supuesto apoyo a los padres de los normalistas de Ayotzinapa muertos y desaparecidos en Iguala, el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, instó a las autoridades a que actúen para “restablecer las condiciones mínimas de normalidad en las regiones más afectadas, y para ir recuperando la ruta a la armonía y a la paz”. A su vez, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exhortó al gobierno federal a “no retraerse ante las muestras de violencia de algunos grupos que han usado como bandera el legítimo derecho de la sociedad a manifestarse de manera pacífica”. Es obvio que no han tomado conciencia de que mantener al pueblo en una situación de pobreza y falta de expectativas es una forma de violencia social extrema.
La Coparmex lanzó una convocatoria a todos los sectores a “suscribir un compromiso indeclinable con la legalidad y el estado de derecho”. Sin embargo, ni una palabra sobre su responsabilidad, de la cual depende en mucho mantener condiciones de paz social. Para ellos no existe responsabilidad alguna, como lo hacen ver sus declaraciones, sino sólo derechos que ahora ven en riesgo por el rumbo que está tomando el país, harto ya de tanta corrupción, tanto cinismo, tanta injusticia social, tanta voracidad de una élite que no se sacia de acumular riquezas y privilegios, causa fundamental de la realidad que estamos viviendo.
Hay que decirlo muy claramente: los terribles problemas que estamos enfrentando no son culpa del crimen organizado, como nos lo quiere hacer creer el gobierno federal y sus voceros del PRI y de los medios electrónicos, sino la insoportable descomposición de un régimen agotado. De ahí que si bien la renuncia inmediata de Enrique Peña Nieto es un paso ineludible, no sería suficiente para enmendar la situación tan dramática que estamos atravesando los mexicanos. Se requiere un cambio de régimen, que se dé paso a la democracia participativa, que se impongan frenos a la voracidad empresarial y de la alta burocracia, que haya una real división de poderes, que la Casa Blanca no se inmiscuya en las decisiones que sólo competen a los mexicanos, y que los poderes fácticos sean controlados por el Estado, no al revés.
El colmo es que las cúpulas, tanto del sector privado como del público, creen todavía que pueden controlar la situación con una buena dosis de demagogia en los medios y nuevas componendas corruptas con las fuerzas políticas disfrazadas de “progresistas”. No se dan cuenta que ya no hay condiciones mínimas para seguir con esas tácticas superadas. La población marginada y empobrecida del país ya no acepta más migajas y más engaños.
Sin embargo, el PRI sigue con su mismo lenguaje caduco de siempre, pensando que al pueblo más jodido, que desgraciadamente es la gran mayoría de la población, se le puede seguir comprando con migajas en tiempos electorales. Así lo patentiza su plan de regalar televisiones de alta definición el próximo año. ¡Vaya desfachatez!
