(12 de agosto del 2014).- Dictaminadores de la “Pre-Audiencia de Violencia de Género y Feminicidio” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), concordaron que en el Estado de México y el Distrito Federal, existen renuncias por parte de las autoridades a catalogar las agresiones a mujeres como violencia feminicida o feminicidio, por lo que concluyeron que éstas les niegan íntegramente el derecho a la justicia.
Al respecto, Lucía Melgar, integrante del TPP, afirmó que hay una serie de procesos “sistemáticos que el Estado simula”, pues en vez de iniciar las investigaciones “como se debe”, prácticamente obligan a los familiares a hacer las investigaciones cuando se trata de delitos relacionados a la violencia sexual.
Además, junto a Cynthia Galicia, aclaró que existe una resistencia de las autoridades a investigar las agresiones como feminicidios.
Durante la pre-audiencia se visibilizaron y documentaron 20 casos de violencia contra las mujeres y las niñas y las principales violaciones a sus derechos fueron: violencia feminicida; criminalización y discriminación; violencia obstétrica y médica; violencia laboral; violación y explotación sexual y violencia contra periodistas y locutoras.
Una de las razones, por el que las autoridades han negado una correcta impartición de justicia es porque el tema se ha politizado, señalaron en la conferencia de prensa, sobre todo después en el gobierno del Estado de México, de donde es originario Enrique Peña Nieto, ha tratado de evitar la molestia de ajustar los protocolos municipales en donde se reconozca que ahí violan o matan mujeres.
“Consideran que es un desgaste para la autoridad integrar un procedimiento como el feminicidio y aplicar los protocolos, se les facilita más tipificarlo como homicidio agravado”, dijo Galicia.
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Para el periodista Humberto Padgett quien –junto a Eduardo Loza– es autor del libro “Las muertas del Estado. Feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto”, dicha entidad podría ser considerado una de los lugares en donde “es peor ser mujer” a nivel mundial, incluso arriba de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Aunque no existen cifras concretas del número de asesinatos encauzados hacia este sector de la población –impulsado por la falta de metodologías gubernamentales para arrojar la verdadera dimensión de problema– la investigación que realizó, reveló que entre el 1991 y el 2011, “1 719 casos informados por la mitad de las procuradurías estatales —la otra parte se negó a proporcionar información—, 27 por ciento ocurrieron en el Estado de México.”
Por otra parte: “La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó en 2010 que desde el inicio de la administración de Peña Nieto y hasta agosto de ese año pasado, 672 mujeres fueron asesinadas con alevosía y ventaja, muchas de ellas tras ser torturadas y violadas. Nueve de cada diez asesinatos quedaron sin castigo. El incremento de cuerpos encontrados en la vía pública aleja aún más la posibilidad de su resolución”, sostiene.
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Dentro de la conferencia de prensa, en las que también participaron la periodista Blanche Petrich, las académicas Andrea Medina, Lucía Melgar, además de los garantes Jorge Fernández Souza y Andrés Barreda Marín, recordaron que la violencia contra las mujeres se agudizado desde 2007 hasta la fecha, a raíz de la guerra contra el narcotráfico y los enfrentamientos entre diversos grupos de hombres armados en el país.
“Como han documentado instancias académicas y organismos gubernamentales, desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa han aumentado o no han disminuido distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres (violaciones, suicidios, desapariciones, explotación sexual y trata de personas, violencia machista en la casa y en la calle) y personas de identidad sexogenérica diversa, pese a importantes recursos invertidos en nuevas leyes e instancias gubernamentales”, dijeron.
